Los testimonios de auditores de la Contraloría General de la República (CGR) ante la Fiscalía han fortalecido la hipótesis de que la compra de detergentes, saturómetros y otros productos en 2020 y 2021, durante la pandemia de COVID-19, por parte de la Municipalidad de Asunción, pudo haber sido un negociado. Estas declaraciones fueron incluidas en el acta de imputación contra el intendente Óscar “Nenecho” Rodríguez y otras 21 personas, acusados de los delitos de lesión de confianza y asociación criminal, que habrían causado un perjuicio de 1.830 millones de guaraníes.
Las declaraciones de tres auditores de la CGR, quienes participaron en el análisis del uso de recursos de la Comuna durante la crisis sanitaria, revelan presuntas irregularidades en las licitaciones de emergencia realizadas por la Municipalidad. Estas licitaciones han sido el fundamento de la causa penal que involucra al intendente Rodríguez y a otros funcionarios.
Diosnel Gustavo Benítez Centurión, uno de los auditores, declaró no haber encontrado irregularidades en la licitación N° 12/2020. Sin embargo, señaló que, en el caso del llamado N° 16/2020, que contemplaba la compra de artículos de limpieza, se utilizó el mismo análisis referencial que en la contratación N° 12. Según Benítez, esto no está contemplado en la Resolución DNCP 411/18, que exige un análisis independiente para cada proceso de compra.
El auditor también detectó inconsistencias en la justificación de la necesidad de adquisición, en la elaboración de los pliegos de bases y en la evaluación de las ofertas. Agregó que hubo anomalías en la recepción de los bienes, ya que la Dirección General de Gestión y Reducción de Riesgos de Desastres, dependiente de la Municipalidad, no elaboró un acta de recepción que coincidiera con las notas de remisión emitidas por el proveedor.
Por su parte, Graciela Aguiar Cristaldo, otra de las auditoras, corroboró las irregularidades detectadas en la contratación N° 16/2020. Según su declaración, la Municipalidad de Asunción habría utilizado el mismo costo referencial del llamado N° 12/2020 para la segunda licitación N° 16/2020, sin justificar adecuadamente la necesidad de la contratación ni definir con claridad los criterios para los llamados.
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Sonia Scorzara de Kallsen, quien elaboró el primer capítulo del dictamen de la Contraloría que sirvió como base del proceso, enfatizó que la Dirección General de Gestión y Reducción de Riesgos de Desastres de la Municipalidad asumió el rol de ordenador de gastos, lo que resultó fundamental en la investigación.
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Los testimonios de estos auditores fueron parte de la imputación presentada por los fiscales Jorge Arce, Silvio Corbeta y Marlene González contra el intendente Nenecho Rodríguez y otros 21 imputados, por los presuntos delitos de lesión de confianza y asociación criminal, que habrían causado un perjuicio significativo a la Municipalidad de Asunción mediante la adquisición irregular de detergentes, saturómetros y otros insumos.
Fuente: El Observador
