El robo de cables y la comercialización ilegal de cobre en Paraguay siguen siendo un problema creciente, en parte debido a la falta de regulación en los puntos de venta y reciclaje de estos materiales. Según el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades), de los 260 municipios del país, solo 15 cuentan con un plan regulador para chatarrerías, las cuales son puntos clave en el comercio ilegal de metales.
La Comisión Nacional de Defensa de Recursos Naturales (Conaderna) del Senado abordó recientemente este tema en una reunión con diversas instituciones públicas y privadas, con el objetivo de proponer una nueva ley que regule el comercio de residuos metálicos, tanto ferrosos como no ferrosos, además de plásticos.
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Durante la reunión, el ingeniero Ovidio Espínola, vocero del Mades, señaló que muchas chatarrerías no cumplen con las normativas municipales ni con la ley de evaluación de impacto ambiental. Este incumplimiento generalizado contribuye a la informalidad en el sector, dificultando la aplicación de prácticas de gestión ambiental adecuadas.
Espínola explicó que la normativa vigente obliga a los municipios a implementar planes para la regulación de los residuos metálicos, pero solo 56 municipios han presentado un plan, de los cuales solo 15 han sido aprobados por el Mades. Esta deficiencia en la regulación deja una brecha significativa en el control del comercio ilegal de metales, lo que facilita el robo de materiales como el cobre.
El vocero también destacó los compromisos internacionales de Paraguay en cuanto a la gestión de residuos peligrosos y no peligrosos, mencionando que los cables de cobre forman parte de los residuos electrónicos que requieren una gestión diferenciada. “Esto no puede ser tratado como simple chatarra”, enfatizó.
En cuanto al inicio del proceso de comercialización ilegal, Espínola explicó que comienza con pequeños acopiadores o recicladores. “La trazabilidad debe empezar en los sitios de acopio locales. Si un cable de cobre está desnudo, es evidente que fue robado. Los recicladores deben tener licencia y garantizar que el material que reciben proviene de fuentes legítimas”, añadió.
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Carlos Mangabeira Cano, presidente de la Cámara de Industrias Sustentables del Paraguay (CISPy), también subrayó la necesidad de mejorar la formalización del sector. Mangabeira destacó que empresas ilegales pueden evadir hasta el 98% de su valor debido a la falta de documentación y trazabilidad en las transacciones, lo que contribuye a una evasión fiscal masiva y afecta a la economía nacional.
Fuente: ABC.
