El presidente de Argentina, Javier Milei, intensificó su confrontación con la prensa al restringir el acceso a la información pública mediante un decreto presidencial. Esta decisión generó preocupación en amplios sectores de la sociedad civil y entre organizaciones de derechos humanos que advierten sobre la erosión de la transparencia en el país.
El decreto, publicado esta semana, modifica la Ley de Acceso a la Información Pública de 2016, ampliando las excepciones que permiten al Estado negar el acceso a ciertos datos. De acuerdo con la nueva normativa, cualquier información considerada de “naturaleza privada ”o “que no reviste interés público ”puede ser resguardada de la opinión pública.
Nueva avanzada de Milei: por decreto limitó el acceso a la información pública. Mucho que ocultar: hace unos meses pedimos información sobre lo que gasta Bullrich en cada represión y se negaron a responder. La casta no quiere que la molesten.
— Myriam Bregman (@myriambregman) September 2, 2024
Organizaciones civiles expresaron su rechazo a esta medida, señalando que otorga a los funcionarios la capacidad de decidir qué información puede ser compartida y cuál se mantendrá en secreto. Más de 60 organizaciones firmaron un comunicado conjunto alertando que esto debilita los estándares internacionales de derechos humanos y compromete la lucha contra la corrupción.
La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) también manifestó su preocupación, sugiriendo que la normativa podría ser inconstitucional. La entidad advirtió que este tipo de medidas dificultan el escrutinio público necesario para garantizar la responsabilidad de las autoridades.
Este decreto surge en el contexto de la constante hostilidad del presidente Milei hacia los medios de comunicación. Desde el inicio de su mandato, el líder ultraderechista ha acusado a los periodistas de mentir y utilizar la información para fines extorsivos. Sus ataques incluyen calificativos como “mentirosos” y “corruptos” , y propuso que los periodistas presenten declaraciones juradas de bienes antes de hacer preguntas en conferencias de prensa.
El decreto también afecta la capacidad de la prensa para investigar temas sensibles. En casos anteriores, como el “escándalo del cumpleaños” durante la pandemia en la administración de Alberto Fernández, la prensa pudo acceder a datos clave gracias a la ley de acceso a la información pública.
A diferencia de sus predecesores, Milei optó por reducir el financiamiento de los medios estatales, desmantelando la agencia de noticias Télam y limitando los recursos para la radio y televisión públicas. El presidente busca además privatizar estos medios, una medida que requiere la aprobación del Congreso.
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La polémica medida ha sido vista como un intento de limitar el acceso de la ciudadanía a información clave y proteger al gobierno de la crítica pública.
Fuente: El País
