El juez civil Martín Ayala hizo lugar a la demanda de ejecución de caución promovida por la Procuraduría General de la República (PGR) en el marco del caso Ronaldinho. La decisión ordena la ejecución de Gs. 3.000 millones en contra de María Cristina Fleitas y USD 300.000 contra Atilio Alegre, tras la fuga del procesado Wilmondes Sousa Lira. Este hecho pone nuevamente en el foco el seguimiento de las medidas judiciales vinculadas al caso del exfutbolista brasileño.
El Procurador General, Marco Aurelio González, explicó que la rebeldía de Sousa Lira, quien había ofrecido una caución de Gs. 6.000.000 a través de su abogado para obtener el arresto domiciliario, fue declarada hace tiempo. Al no cumplirse esta medida, el juzgado ordenó la ejecución de la caución en lo civil y la PGR promovió la demanda en dicho fuero para recuperar las garantías comprometidas.
González detalló que la garantía ofrecida consistía en un inmueble de Gs. 3.000 millones por parte de María Cristina Fleitas y una fianza de USD 300.000 por parte del abogado Atilio Alegre. La PGR busca ejecutar estas garantías, ya que consideran que “son casos emblemáticos donde el patrimonio del Estado está en juego y no se puede permitir que queden impunes”.
#Móvil970 @AldoYnsfran | Ejecutan garantía de fugado en caso Ronaldinho tras pedido realizado por la Procuraduría General de la República.
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El abogado Atilio Alegre, por su parte, interpuso una excepción de incompetencia de jurisdicción, argumentando que el Juzgado Civil no tiene competencia para llevar adelante este juicio, ya que el artículo 521 del Código Procesal Civil (CPC) establece que el juez de la causa debe ser competente para la ejecución. Sin embargo, la PGR respondió que, de acuerdo con el artículo 11 del Código de Organización Judicial y las normas del Código Civil, el Juzgado Civil es competente en este caso.
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La abogada Natalia Fretes había ofrecido un inmueble como fianza real de Gs. 3.000 millones, mientras que su esposo, Atilio Alegre, ofreció una fianza personal de USD 300.000 para garantizar el arresto domiciliario de Sousa Lira en el Hotel The One, de donde posteriormente se fugó.
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El Procurador General también mencionó que existen otros casos similares en los que la caución ha sido ejecutada de manera incorrecta por algunas de las partes involucradas en el proceso. Por esta razón, la PGR ha solicitado la nulidad de dichas ejecuciones, ya que considera que las cauciones deben ingresar a las arcas del Estado.
Fuente: PDS Digital
