El senador Arnaldo Samaniego, respaldado por varios colegas del ANR y otras bancadas, ha presentado un controvertido proyecto de ley que busca no solo reinstaurar subsidios estatales previamente eliminados para la Caja Parlamentaria, sino también asignar significativos aumentos salariales dentro del Senado. Este proyecto propone la transferencia de G. 3.819 millones de fondos del Congreso al Senado para estos fines.
En 2019, el Congreso Nacional derogó la ley que permitía un subsidio estatal del 7% al Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Legislativo, en un esfuerzo por promover una mayor responsabilidad fiscal. Sin embargo, el presupuesto de 2024 incluye una línea de G. 3.500 millones destinados a reactivar este subsidio, una acción que Samaniego y sus aliados buscan legalizar a través de su nueva propuesta legislativa.
El proyecto de Samaniego no solo busca reactivar el subsidio, sino también redirigir parte de estos fondos para el aumento de salarios y la creación de nuevos cargos en el Senado. Concretamente, se propone la creación de tres nuevos cargos con sueldos de G. 8 millones cada uno, y aumentos salariales para directores y secretarios que elevarían sus ingresos hasta G. 17.000.000 y G. 10.200.000 respectivamente.
Los fondos adicionales, según el proyecto, se destinarían al funcionamiento de las comisiones asesoras permanentes del Senado, dotándolas de un fondo de G. 1.000 millones sin especificar detalladamente su uso, lo que ha suscitado preocupaciones sobre la discrecionalidad en la gestión de estos recursos.
La fiscalización de este manejo presupuestario, llevada a cabo por la Contraloría General de la República, ha revelado falencias y la falta de transparencia en la ejecución de contratos previos, aumentando las críticas hacia esta nueva iniciativa.
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Críticos del proyecto argumentan que en un momento en que el país enfrenta múltiples desafíos económicos y sociales, la priorización de aumentos salariales para altos cargos legislativos y la reinstauración de subsidios cuestionables representa un mal uso de los escasos recursos públicos.
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Este proyecto ahora pasa a debate en la Comisión de Industria y Comercio del Senado, donde se espera que enfrentará tanto apoyo como oposición significativa, dependiendo de las alianzas políticas.
Fuente: ABC Color
