Las organizaciones que gestionan las “ollas populares” denuncian que llevan nueve meses sin recibir insumos básicos, a pesar de la existencia de leyes que garantizan la provisión de alimentos por parte del Estado. Ante esta situación, las agrupaciones han solicitado a la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) que los alimentos incautados de contrabando sean entregados a los comedores sociales.
Cira Novara, vocera de Pykui, la Articulación de Ollas Populares, indicó que las organizaciones no han recibido insumos del Ministerio de Desarrollo Social durante este periodo. Cada comedor gasta al menos G. 4.000.000 mensuales, fondos que deben cubrirse mediante actividades solidarias y donaciones de la comunidad.
Novara recordó que la Ley N° 9645 establece que el Ministerio de Desarrollo Social debe garantizar el funcionamiento de los comedores sociales. Sin embargo, la ley no se está cumpliendo, y las organizaciones continúan sin recibir los recursos necesarios para operar.
“Ante la falta de cumplimiento de esta ley, hemos recurrido a la Aduanas para que los productos incautados puedan ser entregados a los comedores que están en funcionamiento”, explicó Novara. Las organizaciones cuentan con respaldo jurídico para sustentar que las 25 “ollas populares” reconocidas en las comunidades deberían recibir estos insumos.
Piden que productos incautados por la DNIT se utilicen en las ollas populares.
️ Cira Novara, representante de la Articulación de Ollas Populares, solicita que los productos incautados por la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) sean destinados a las ollas… pic.twitter.com/xjL5UM3W5U
— Radio Cáritas UC (@680CARITAS) September 2, 2024
A pesar de este respaldo, no han recibido respuestas positivas de las autoridades. “Escuchamos todos los días que se incautan cebollas, zanahorias, tomates… pero la burocracia impide que estos insumos lleguen a los comedores que realmente los necesitan”, afirmó la vocera.
Este lunes, las organizaciones presentaron una solicitud formal a la DNIT para recibir los alimentos decomisados. No obstante, la respuesta fue una nueva serie de exigencias burocráticas, incluyendo la presentación de más documentación.
Novara criticó la falta de voluntad del Estado para apoyar a estos espacios comunitarios que, según ella, están realizando un trabajo que debería estar a cargo de las instituciones estatales. Cada comedor alimenta a al menos 150 personas de escasos recursos diariamente, cuando cuentan con insumos.
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Los costos de operación de cada comedor se estiman entre G. 2 a 3 millones mensuales, montos que podrían ser cubiertos con los productos incautados por Aduanas, conforme a lo dispuesto por la Comisión de Seguimiento al Combate del Contrabando (Conada). Además, deben asumir gastos adicionales de G. 300.000 cada vez que deben realizar gestiones ante el Gobierno.
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“Es un alto costo para hacer un trabajo social que es voluntario, gratuito y solidario”, concluyó Novara.
Fuente: ABC Color
