En la localidad de Puerto Casado, una nueva manifestación fue protagonizada por los concejales y empleados municipales, quienes denunciaron la falta de pago de sus salarios durante más de ocho meses. La situación es consecuencia del proceso judicial que enfrenta el intendente Hilario Adorno, quien fue acusado de corrupción y se encuentra impedido de acercarse a la municipalidad por orden judicial.
Ante esta situación, la Junta Municipal decidió nombrar como intendente interino al concejal Claudio Martínez. Sin embargo, la imposibilidad de Martínez para ejercer sus funciones de manera efectiva generó una crisis en la administración municipal, ya que el intendente procesado, Adorno, se aferró al cargo mediante medidas cautelares y estableció una oficina paralela en el polideportivo municipal.
«Fui elegido como intendente interino, estamos peleando como por la titularidad del municipio y hasta ahora la Justicia Electoral no se está expidiendo sobre la resolución» Claudio Martínez, intendente interino de Puerto Casado. #1330AM
— Radio Chaco Boreal (@1330am) September 2, 2024
Los trabajadores municipales, entre ellos Sonia Mendieta, expresaron su desesperación ante la falta de soluciones. Según Mendieta, la situación es insostenible, con más de 15 empleados sin cobrar sus salarios durante ocho meses. La funcionaria criticó la inacción del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), calificándolo como un “nido de buitres” que solo responde a intereses particulares, y exigió que se pronuncie de una vez por todas en favor del intendente interino.
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Seferino Sosa, otro empleado afectado, recordó que los problemas con los pagos salariales no son nuevos y que, incluso cuando Adorno estaba en funciones, las demoras eran recurrentes. La situación se agravó, obligando a los trabajadores a recurrir a manifestaciones públicas para reclamar lo que les corresponde por derecho.
Claudio Martínez, el concejal nombrado como interino, mencionó que la decisión de sus colegas de nombrarlo se basa en la Carta Orgánica Municipal, la cual establece que el intendente solo puede ausentarse por un máximo de 30 días. Dado que Adorno no pudo retornar a su puesto debido a la prohibición judicial, Martínez considera que su nombramiento es legítimo y necesario para la continuidad administrativa.
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La crisis en Puerto Casado continúa, mientras que concejales y trabajadores esperan una resolución del TSJE que permita destrabar la situación y regularizar los pagos salariales.
Fuente: Última Hora.
