La Fiscalía ha presentado una segunda imputación contra Armando Gómez, exintendente de Lambaré, por los delitos de lesión de confianza y apropiación. La medida también afecta a Roberto Ever Paredes Ojeda, exdirector de Administración de Finanzas de la misma comuna, en el marco de una investigación que busca esclarecer el manejo de fondos públicos.
La imputación se formalizó este miércoles, a cargo del fiscal Eugenio Ocampos, de la Unidad Penal 6 de la Zonal de Lambaré. La acusación se deriva de una denuncia presentada por la Junta Municipal de Lambaré, sustentada en un informe final de intervención que revela irregularidades en el manejo de aportes jubilatorios descontados a funcionarios municipales.
De acuerdo con el informe, los descuentos correspondientes a los aportes jubilatorios de los funcionarios, que ascienden a G. 7.315.878.567, no fueron transferidos a la Caja de Jubilaciones del personal municipal, lo que habría causado un perjuicio patrimonial a la institución. Este hallazgo impulsó a las autoridades a formular nuevas acusaciones contra Gómez y Paredes Ojeda.
La Fiscalía sostiene que existen suficientes elementos de sospecha que indican una apropiación indebida de los fondos descontados. El esquema de la presunta malversación involucraba a la Dirección de Talento Humano, que preparaba las planillas de pago y descuentos, pero el Departamento de Contabilidad nunca concretaba la orden de pago correspondiente.
Este supuesto daño patrimonial fue corroborado por la actual administración municipal, a cargo del intendente Rosa Agustín González Dans, quien está gestionando el pago de los atrasos en concepto de aportes de funcionarios y aportes patronales no transferidos durante la administración anterior.
Además de la imputación, la Fiscalía ha solicitado la prisión preventiva de ambos exfuncionarios, argumentando el riesgo de fuga y la posible obstrucción a la investigación en curso.
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Sin embargo, el 27 de agosto, el Tribunal de Apelación en lo Penal Especializado ratificó la libertad ambulatoria de Armando Gómez. La decisión fue unánime por parte de los jueces Claudia Criscioni, Gustavo Amarilla y Silvana Luraghi, quienes confirmaron una resolución previa del juez de Delitos Económicos, Humberto Otazú.
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Gómez, también imputado por irregularidades en el cobro de impuestos en 2019, enfrenta denuncias por un perjuicio patrimonial adicional de G. 9.246.215.000. A pesar de la apelación presentada por la querella, se ha mantenido su libertad.
Fuente: Última Hora
