El edificio del Centro de Monitoreo del Billetaje Electrónico fue construido en la sede del Viceministerio de Transporte. Archivo, ABC Color
La Contraloría General de la República (CGR) ha puesto en evidencia una serie de deficiencias en el sistema del billetaje electrónico recibido por el Viceministerio de Transporte (VMT), lo que ha impactado negativamente en la capacidad de la entidad para controlar la frecuencia de buses y administrar los subsidios al transporte público. A pesar de las millonarias inversiones, el sistema, considerado el “cerebro” del billetaje, presenta serias limitaciones.
Uno de los hallazgos más graves detectados por la Contraloría es la falta del “código fuente”, un componente esencial que permite realizar modificaciones al software del Centro de Control y Monitoreo del Billetaje. Sin este elemento, el VMT se ve imposibilitado de adaptar el sistema a las necesidades actuales, lo que compromete la fiabilidad de la información y la continuidad de las operaciones.
El informe de la CGR destaca que la ausencia del código fuente no solo impide realizar ajustes al sistema, sino que también afecta la generación de reportes cruciales para el pago de subsidios a los transportistas. Estos informes, que son fundamentales para la toma de decisiones y el control de la prestación de servicios, están ahora bajo riesgo debido a las deficiencias del sistema.
El contrato para la implementación del sistema fue adjudicado al consorcio Electronic Ticket Control (ETC), el cual incumplió con la entrega del código fuente, un requisito estipulado claramente en las Especificaciones Técnicas del Pliego de Bases y Condiciones. Esta omisión ha generado serias críticas hacia la gestión de los entonces viceministros Pedro Britos y Víctor Sánchez Chamorro, quienes estuvieron a cargo del llamado y la ejecución del contrato.
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La falta de control sobre el sistema informático del billetaje tiene implicaciones directas en la capacidad del VMT para supervisar la cantidad de pasajeros transportados y, por ende, en la precisión de los subsidios pagados a las empresas de transporte. Sin la posibilidad de verificar en tiempo real la frecuencia de los buses y el cumplimiento de los itinerarios, la transparencia y la eficiencia del sistema se ven gravemente comprometidas.
Finalmente, la CGR ha señalado que la Asesoría Jurídica del organismo está analizando el informe final para determinar si se solicitará la intervención del Ministerio Público. Esta posible denuncia podría llevar a una investigación más profunda sobre las irregularidades detectadas y la responsabilidad de los actores involucrados.
Fuente: ABC Color
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