La reciente decisión de la Comisión Bicameral de Investigación (CBI) antilavado, coloquialmente conocida como “comisión garrote”, de llevar a cabo sus sesiones de manera reservada desencadenó una ola de críticas y cuestionamientos por parte de la oposición parlamentaria. Esta medida representa un cambio significativo respecto al funcionamiento de la comisión en periodos anteriores, cuando las reuniones eran transmitidas públicamente a través de diversos medios de comunicación.
La senadora Celeste Amarilla, representante del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), expresó su preocupación por esta nueva política de confidencialidad. En sus declaraciones, Amarilla sugirió que esta opacidad podría socavar la legitimidad de las investigaciones llevadas a cabo por la comisión. “Es una pena que hayan resuelto esto porque podían incluso legitimar su investigación abriendo a la prensa, si realmente están investigando imparcialmente a todos”, manifestó la legisladora.
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El alcance de las investigaciones de la CBI también fue objeto de debate. Inicialmente, se mencionaba al Banco Altas como foco principal, pero posteriormente se amplió para abarcar una gama más extensa de entidades y actividades sospechosas de lavado de activos. Esta expansión del ámbito investigativo generó escepticismo entre algunos sectores políticos sobre la capacidad real de la comisión para abordar tan vasto espectro de casos.
Un punto de controversia adicional es la exclusión del caso del diputado Eulalio “Lalo” Gomes de la agenda investigativa de la comisión. Amarilla argumentó que este caso ya está siendo manejado por la Fiscalía desde 2021, sugiriendo que la comisión podría estar evitando temas políticamente sensibles.
Los ejes principales de investigación de la CBI se centran en tres áreas clave: el financiamiento extranjero de ONG involucradas en actividades políticas, el dinero proveniente del tráfico de armas, y el lavado de activos a través del sistema bancario y financiero.
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En respuesta a la posible querella por parte de la familia Gomes, Amarilla defendió sus declaraciones previas, afirmando que se basó en información pública y documentada. La senadora sostuvo que no denigró la memoria del difunto diputado, sino que simplemente compartió información ya conocida y disponible en registros oficiales.
Fuente: ABC.
