El escenario político se sacude con una nueva controversia. Luis Guillén, excandidato a diputado, presentó hoy una impugnación contra el juramento de Santiago Benítez como diputado suplente. Benítez fue proclamado por el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) para ocupar la banca del fallecido legislador de Amambay, Eulalio “Lalo” Gomes.
Guillén argumenta que Benítez es propietario de una radio, lo cual constituye un impedimento constitucional para asumir el cargo. Basándose en el artículo 4 de la ley 834 del Código Electoral, el polémico abogado sostiene que, ante este supuesto impedimento, él debería asumir la banca por haber sido el segundo candidato más votado, con 10.768 votos en las pasadas elecciones.
“Estoy reclamando la banca de forma legítima. Benítez no debe asumir y el curul me corresponde a mí”, afirmó Guillén, quien se mostró “muy seguro” de su reclamo. El excandidato cartista insiste en que, más allá de sentirse agraviado personalmente, considera un “deber y obligación” denunciar lo que interpreta como “una violación de la Constitución Nacional”.
Sin embargo, el pasado de Guillén arroja sombras sobre sus intenciones. Según medios brasileños, el abogado ha sido acusado de mentir a la Fiscalía de Brasil para favorecer a Weslley Neres Dos Santos, alias “Bebezão”, líder del Primer Comando da Capital (PCC). En 2021, durante el juicio a Neres Dos Santos, Guillén habría realizado declaraciones falsas, ocultando su cargo como concejal departamental del Amambay y presentándose como jefe de Recursos Humanos de una empresa inexistente.
La Fiscalía brasileña no solo pidió un castigo para Guillén por estas supuestas mentiras, sino que también lo señaló por presuntos vínculos con el narcotráfico. Estos nexos no se limitan al caso de “Bebezão”. Guillén también ha sido vinculado con Sergio De Arruda Quintiliano, alias “Minotauro”, otro conocido narcotraficante.
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En su papel de abogado, Guillén intentó liberar a seis presuntos sicarios al servicio de “Minotauro” mediante un Habeas Corpus ante la Corte Suprema de Justicia. Esta acción legal, que buscaba la prisión domiciliaria para los acusados, se realizó mientras Guillén ejercía como concejal departamental.
El caso tomó un giro inesperado cuando los sicarios, cuya liberación Guillén había intentado conseguir, se fugaron de la Cárcel de Pedro Juan Caballero en enero de 2020, cavando un túnel.
Fuente: ABC Color
