El presidente Santiago Peña, ha solicitado al Congreso la aprobación de un crédito de USD 400 millones del Fondo Monetario Internacional (FMI). Este préstamo, enmarcado dentro del programa de Servicio de Resiliencia y Sostenibilidad del FMI, tiene como objetivo financiar reformas que fortalezcan la sostenibilidad ambiental y la estabilidad macroeconómica del país.
El proyecto de ley presentado por el Ministerio de Economía busca aprobar una línea de financiamiento en Derechos Especiales de Giro (DEG). Estos recursos están diseñados para apoyar iniciativas que mitiguen riesgos relacionados con el cambio climático y preparen al país para futuras pandemias, entre otras áreas críticas.
Sin embargo, el Ejecutivo ha solicitado al Congreso que el Ministerio de Economía, bajo la dirección de Carlos Fernández Valdovinos, tenga discrecionalidad en la distribución de los fondos. Parte del crédito se utilizaría para inversiones en capital relacionadas con la sostenibilidad ambiental, mientras que otra fracción se destinaría a la reestructuración de la deuda pública.
El aspecto más controvertido del proyecto radica en que, si bien la reestructuración de deuda está permitida bajo los términos del programa del FMI, la discrecionalidad solicitada por el Ejecutivo podría reducir la supervisión del Congreso en la asignación de estos fondos. Este movimiento podría ser interpretado como un intento de concentrar el poder de decisión en el Ministerio de Economía, dejando al margen la función legislativa en la definición del uso del crédito.
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El préstamo cuenta con condiciones favorables, incluyendo un plazo de varios años, un período de gracia de un año y medio, y una tasa de interés de aproximadamente 5,4% anual, tomando en cuenta el margen sobre la tasa de los DEG y las comisiones adicionales.
Según la economista Sarah Zevaco, los Derechos Especiales de Giro son una herramienta de liquidez creada por el FMI y asignada proporcionalmente a los países miembros. Estos montos, que pueden ser utilizados para reforzar las reservas internacionales o financiar políticas públicas, deben ser gestionados de manera transparente por los bancos centrales y aprobados por los poderes del Estado.
Fuente: La Política Online
