Un grupo de estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) ha presentado una denuncia formal contra la decana Miryam Peña, alegando una serie de irregularidades que afectan gravemente la institucionalidad de la casa de estudios. El documento, que detalla múltiples anomalías, ha generado conmoción en la comunidad universitaria y podría tener serias repercusiones en la gestión de la facultad.
Entre las acusaciones más graves se encuentra el presunto cobro indebido de honorarios por parte del ex ministro de la Corte Suprema de Justicia, Bonifacio Ríos Ávalos. Según la denuncia, Ríos Ávalos habría percibido mensualmente G. 14.430.000 como investigador de tiempo completo durante 11 años, a pesar de que su designación en dicho cargo había expirado en 2013. Esta situación habría resultado en un cobro total de aproximadamente G. 1.904.760.000 sin justificación legal aparente.
AHORA Estudiantes presentan denuncia sobre supuestas irregularidades en la Facultad de Derecho
Hablan de una designación irregular del docente Bonifacio Ríos Ávalos, exministro de la Corte, y que englobaría un perjuicio mayor a G. 1.000 millones.
Exigen informes sobre… pic.twitter.com/71sC3zeQiL
— Monumental AM 1080 (@AM_1080) August 27, 2024
Los estudiantes también señalan un aparente caos administrativo en la facultad, acusando a la decana Peña de incumplir el Estatuto de la UNA y de desestabilizar a la comunidad estudiantil. La falta de liderazgo y la ausencia de un marco regulatorio adecuado habrían conducido a elecciones irregulares del Centro de Estudiantes, comprometiendo la representatividad de los alumnos en los órganos de gobierno universitario.
Otra irregularidad denunciada concierne a la conformación de la mesa examinadora en un concurso público de oposición para el cargo de profesor asistente en la filial de San Pedro de Ycuamandyyu. Los estudiantes alegan que el ex ministro de la Corte Carlos Fernández Gadea, fallecido en 2010, figura como presidente del comité evaluador, lo que plantea serias dudas sobre la legitimidad y transparencia del proceso de selección.
Frente a estas graves acusaciones, los denunciantes han solicitado un informe completo sobre la gestión de Ríos Ávalos, así como una actualización del plantel de docentes técnicos que actualmente cumplen funciones dentro de la facultad. Estas medidas buscan esclarecer la situación administrativa y financiera de la institución.
Como parte de sus acciones, los estudiantes han recusado a Miryam Peña y Bonifacio Ríos Ávalos, miembros honorables del Consejo Directivo, con el objetivo de garantizar la imparcialidad en el tratamiento de la denuncia y asegurar un debido proceso legal. Esta medida refleja la preocupación de los alumnos por la integridad de los órganos de gobierno de la facultad.
La denuncia ha sido remitida a la Contraloría General de la República, solicitando una intervención para verificar los registros contables de la facultad. Esta acción busca una investigación independiente y exhaustiva de las finanzas institucionales, lo que podría revelar más detalles sobre las presuntas irregularidades.
Los estudiantes han advertido que, de comprobarse las irregularidades denunciadas, procederán a presentar una denuncia penal ante el Ministerio Público. Esta amenaza de acción legal subraya la seriedad de las acusaciones y la determinación de los alumnos en buscar justicia y transparencia en su institución educativa.
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El caso ha puesto de manifiesto la necesidad de una mayor supervisión y transparencia en la gestión de las instituciones de educación superior en Paraguay. La respuesta de las autoridades universitarias y de los organismos de control del Estado será crucial para restaurar la confianza en la Facultad de Derecho de la UNA y garantizar su adecuado funcionamiento en el futuro.
Fuente: Ultima Hora.
