El presidente del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez, se encuentra en el centro de una controversia política tras sus declaraciones sobre el caso del fallecido diputado Eulalio “Lalo” Gomes. En una reciente conferencia de prensa, Núñez afirmó desconocer las investigaciones previas contra Gomes, a pesar de la existencia de informes de la Comisión Bicameral de Investigación (CBI) que datan del 2021.
Núñez, quien formó parte de la CBI, sostuvo que en el informe solo se mencionaba a “un Lalo”, sin especificar que se trataba de Eulalio Gomes. Argumentó que, en su momento, “Lalo era Juan González”, sugiriendo que no se podía establecer una conexión directa con el diputado ahora fallecido.
El senador cuestionó la naturaleza de la CBI, calificándola como un “garrote” y un “arma de persecución política”. Según Núñez, el 80% del informe se centraba en una sola persona, justo antes de las elecciones, lo que en su opinión comprometía la objetividad de la investigación.
Respecto a la obligación de confidencialidad de los miembros de la CBI, Núñez enfatizó que toda la información fue remitida a la Fiscalía, entonces bajo la dirección de Sandra Quiñónez. Sin embargo, justificó la aparente inacción fiscal argumentando que Quiñónez enfrentaba cuatro juicios políticos y estaba bajo constante presión.
Cuando se le cuestionó sobre la incorporación de Gomes al equipo de la Asociación Nacional Republicana (ANR) a pesar de las sospechas, Núñez insistió: “No sabíamos, nadie sabía. Sabíamos que tenía una fortuna, nada más, hasta ahora”. Esta declaración contrasta con la información que, según se ha revelado, estaba disponible en los informes de la CBI.
El presidente del Congreso también hizo hincapié en el principio de presunción de inocencia, sugiriendo que no era práctica común investigar los antecedentes de las personas antes de su incorporación al partido. Además, desvió la responsabilidad hacia el gobierno anterior, cuestionando por qué habilitaron y candidatearon a Gomes.
Es importante señalar que, mientras Núñez mostró un informe final de la CBI que no mencionaba explícitamente a Gomes, omitió mencionar un archivo adjunto enviado a la Fiscalía en octubre de 2022. Este documento sí detallaba un presunto esquema de lavado de dinero involucrando a Gomes y su hijo Alexandre Rodrigues.
El informe adjunto, no mencionado por Núñez en su conferencia, revelaba operaciones sospechosas y vínculos de Gomes con individuos como Luis Carlos da Rocha, alias “Cabeza Branca”, y otros presuntos narcotraficantes. Estas omisiones en la presentación de Núñez plantean interrogantes sobre la transparencia en el manejo de la información por parte de las autoridades legislativas.
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La controversia se intensifica al considerar las declaraciones del senador Jorge Querey, quien afirmó que el informe de 2021 ya mencionaba a Gomes y su hijo. Esta discrepancia en las versiones de los legisladores genera dudas sobre el manejo de la información sensible y la efectividad de los mecanismos de control dentro del Congreso.
El caso Gomes y las declaraciones de Núñez ponen de manifiesto la complejidad de las investigaciones sobre lavado de dinero y narcotráfico en Paraguay, así como los desafíos que enfrenta el sistema político para abordar estos temas de manera efectiva y transparente.
Fuente: ABC Color
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