Un nuevo capítulo en la gestión de la deuda pública fue abierto con la reciente autorización del gobierno de Santiago Peña para la tramitación de un préstamo adicional. Este crédito, cuyo monto aún no fue especificado, está destinado a la ejecución de un proyecto vial bajo la responsabilidad del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).
La decisión fue formalizada mediante el Decreto N° 2394, emitido el 21 del mes en curso, por el cual se faculta al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para iniciar las gestiones de financiamiento. El proyecto en cuestión contempla la pavimentación de un tramo de la ruta nacional PY15, específicamente el segmento que conecta Cruce Centinela con Mariscal Estigarribia.
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Aunque el decreto no especifica el monto ni el organismo financiero involucrado, se especula que las negociaciones podrían llevarse a cabo con entidades como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) o el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF). Estas instituciones ya mantienen una significativa cartera crediticia con Paraguay, con montos que ascienden a USD 1.760 millones y USD 2.166 millones respectivamente, según datos a junio del presente año.
El nuevo préstamo se suma a un paquete de créditos en gestión que, de acuerdo con las cifras de agosto, alcanza los USD 1.408,1 millones. Este monto incluye contratos de préstamos pendientes de aprobación en el Congreso, acuerdos ya suscritos con organismos financieros internacionales, contratos por suscribir y préstamos en proceso de contratación.
La creciente deuda pública de Paraguay encendió señales de alerta entre diversos analistas económicos. Al cierre del primer semestre del año, el endeudamiento total del país se situaba en USD 17.759,1 millones, cifra que representa el 39,3% del Producto Interno Bruto (PIB). Esta proporción se aproxima peligrosamente al umbral del 40% del PIB, considerado por muchos organismos financieros internacionales como el límite máximo recomendable para la economía paraguaya.
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La continua expansión de la deuda pública plantea interrogantes sobre la sostenibilidad fiscal a largo plazo y la capacidad del país para mantener un equilibrio entre el financiamiento de proyectos de infraestructura críticos y la preservación de la estabilidad económica. Mientras tanto, la ejecución de los préstamos ya contratados muestra variaciones significativas: el BID reporta una ejecución del 38,9% de su cartera, mientras que la CAF alcanza un 63,8%, con una porción sustancial de ambos fondos dirigida a proyectos de infraestructura bajo la tutela del MOPC.
Fuente: ABC.
