En un caso dentro del ámbito judicial, se determinó que el exjuez penal de garantías de Alberdi, Geraldino Cazal Arguello, y el abogado Luis Antonio Méndez Vera deberán enfrentar un juicio oral y público. Esta decisión fue adoptada por la magistrada Tecla Noemí Ríos, tras una exhaustiva audiencia preliminar en la que se examinaron los cargos presentados por el Ministerio Público hace más de un año.
El caso involucra acusaciones de cohecho pasivo agravado contra Cazal Arguello, quien se jubiló tras su procesamiento, y de tráfico de influencias contra Méndez Vera. Estas graves acusaciones surgen de un presunto esquema de solicitud y recepción de sobornos con el objetivo de beneficiar a un procesado en un caso de coacción sexual y violación.
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Durante la audiencia preliminar, la defensa de los acusados presentó una serie de recursos legales en un intento por evitar el juicio. Entre estos se incluyeron solicitudes de nulidad absoluta de la acusación, del acta de procedimiento y del allanamiento, así como la exclusión de ciertas pruebas. Adicionalmente, se plantearon mociones para un procedimiento abreviado y sobreseimiento definitivo. No obstante, todos estos incidentes fueron desestimados por la jueza Ríos, allanando el camino para el juicio oral.
El caso se extiende más allá de los dos acusados mencionados, incluyendo también a la fiscala María Angélica Acosta Bjasso, actualmente asignada a la zona de Villa Elisa. La audiencia preliminar para examinar la acusación contra Acosta Bjasso está programada para el próximo martes.
En la audiencia, el fiscal Leonardi Guerrero de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción (Udea) reafirmó la acusación originalmente presentada por su colega Juan Manuel Ledesma en marzo del año anterior.
Según los detalles proporcionados en la acusación fiscal, los eventos en cuestión tuvieron lugar entre julio y agosto de 2019. Se alega que durante este período, tanto el juez Cazal como la fiscala Acosta habrían solicitado y recibido sumas de dinero a través del abogado Méndez. El propósito de estas transacciones habría sido favorecer a un procesado por coacción sexual y violación, otorgándole medidas menos gravosas que la prisión preventiva.
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La operativa, según se describe en el escrito acusatorio, involucraba una propuesta de pago de 40 millones de guaraníes, distribuidos entre la madre de la víctima, la fiscala Acosta y el juez Cazal. Se sostiene que tanto la agente del Ministerio Público como el magistrado tenían pleno conocimiento del esquema montado para beneficiar al procesado a cambio de una compensación económica. El caso alcanzó su punto culminante el 12 de agosto de 2019, cuando Méndez fue aprehendido junto con la fiscala durante una entrega vigilada dirigida por el fiscal Guerrero, marcando un hito en la investigación de presuntos actos de corrupción en el sistema judicial paraguayo.
Fuente: ABC.
