El reciente informe policial sobre el allanamiento que resultó en la muerte del diputado Lalo Gomes ha generado más preguntas que respuestas, suscitando dudas sobre la transparencia y precisión de la información proporcionada por las autoridades. El documento, presentado por el Ministerio Público al juez penal de Garantías, ofrece detalles que parecen contradecir versiones anteriores del incidente, incluyendo declaraciones del ministro del Interior, Enrique Riera.
Según el informe, el operativo comenzó con el ingreso del personal de la FOPE, liderado por el Sub comisario García, seguido por miembros del SIU bajo el mando de la Oficial Ana González. García reportó haberse identificado como policía y alertado sobre la orden de allanamiento antes de dirigirse al dormitorio matrimonial, que estaba cerrado con llave. El documento afirma que García observó disparos provenientes del interior de la habitación, lo que provocó que el Sub Oficial Pablo Torales se arrojara al suelo.
Esta secuencia de eventos, sin embargo, parece entrar en conflicto con declaraciones previas. El ministro Riera había asegurado que los policías fueron recibidos a balazos al abrir la puerta, una versión que difiere significativamente de lo expuesto en el informe.
Además, el senador Mario Varela, presente en una reunión reservada sobre el incidente, ofreció una tercera versión: según él, un policía vio al diputado armado, retrocedió y cayó sin recibir disparos, tras lo cual su compañero reaccionó con “disparos intimidatorios” antes de que Gomes abriera fuego.
El informe policial continúa detallando que, en respuesta a los supuestos disparos desde el interior, el Sub comisario García utilizó su arma reglamentaria, efectuando cinco disparos. Esta afirmación plantea interrogantes sobre la proporcionalidad de la respuesta y la secuencia exacta de los acontecimientos que llevaron a la muerte del legislador.
Las discrepancias entre el informe oficial y las declaraciones públicas de funcionarios de alto rango han sembrado dudas sobre la transparencia del proceso. El diputado Adrián “Billy” Vaesken, quien también estuvo presente en la reunión informativa, señaló que los intervinientes no pudieron determinar quién disparó primero durante el allanamiento. Vaesken llegó incluso a sugerir que, según su interpretación, la policía podría haber abierto fuego primero, con Gomes actuando en defensa propia.
Estas inconsistencias en las narrativas oficiales han generado un clima de escepticismo entre la opinión pública y los medios de comunicación. La falta de claridad sobre quién inició el tiroteo y las circunstancias exactas que llevaron a la escalada de violencia han llevado a algunos observadores a cuestionar si el informe policial podría estar intentando “blanquear” los eventos ocurridos en la residencia de Gomes.
El caso ha puesto de manifiesto la necesidad de una investigación exhaustiva e independiente que pueda reconciliar las diferentes versiones y proporcionar una explicación clara y coherente de los hechos. La credibilidad de las instituciones policiales y judiciales está en juego, y la resolución de estas discrepancias será crucial para mantener la confianza pública en el proceso de justicia.
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Mientras tanto, la familia del diputado Gomes y diversos sectores de la sociedad paraguaya continúan exigiendo respuestas. La polémica generada por este caso subraya la importancia de la transparencia en las operaciones policiales y la necesidad de protocolos claros para el manejo de situaciones de alto riesgo, especialmente cuando involucran a figuras públicas.
Fuente: Megacadena
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