La Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) habría ocultado al Ministerio Público los nombres del exdiputado Eulalio “Lalo” Gomes y su hijo Alexandre Rodrigues Gomes durante la investigación denominada Pavo Real I. Este hecho presuntamente impidió que ambos fueran indagados en el operativo, a pesar de existir fuertes indicios que los vinculaban con organizaciones criminales lideradas por Jarvis Chimes Pavao, Luiz Carlos Da Rocha, alias “Cabeza Branca”, y otras bandas delictivas.
Ante esta situación, la Fiscalía habría decidido excluir a la unidad antidrogas en el caso “Pavo Real II”, donde Lalo Gomes y su hijo fueron investigados e imputados. En su lugar, el Ministerio Público optó por realizar los procedimientos en Pedro Juan Caballero con la Policía Nacional, lo que resultó en la muerte de Lalo y la detención de Alexandre.
Fuentes revelaron que durante el operativo Pavo Real I, la SENAD no habría proporcionado al Ministerio Público los nombres de Lalo Gomes y su hijo para su investigación, a pesar de que estos ya figuraban en informes remitidos por la policía de Brasil. Dichos informes contenían conversaciones entre Luan Pavao, hijo de Jarvis, y el abogado Adrián Brizuela, quien junto a otras personas fue investigado, imputado y acusado por el fiscal Osmar Segovia por presunto lavado de dinero.
El análisis de datos telemáticos extraídos de cuentas y correos electrónicos vinculados a la organización criminal permitió establecer que Luan Pavao ocupaba un alto rango en la estructura de mando, coordinando operaciones ilícitas ejecutadas por colaboradores de confianza como Carlos Oleñik y Adrián Brizuela. En una conversación del 28 de mayo de 2020, Brizuela le comentó a Luan Pavao detalles sobre la venta de la estancia Pindurá, mencionando a Eulalio Gomes como comprador.
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Este extracto, obtenido durante las investigaciones de Pavo Real, vincularía a Eulalio Gomes y su hijo Alexandre en negociaciones comerciales iniciadas por Adrián Brizuela y concretadas por Carlos Oleñik, supuestos administradores del patrimonio de la organización criminal en Paraguay. A pesar de contar con esta información, la SENAD presuntamente no brindó los nombres de Lalo y su hijo a la Fiscalía, evitando su indagación en Pavo Real I.
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En el caso Pavo Real I, ya fueron acusadas 24 personas tras una denuncia del Servicio Nacional de Catastro que señalaba la existencia de propiedades registradas relacionadas con Pavao. La SENAD solicitó la apertura de una investigación, pero aparentemente omitió los nombres de Lalo Gomes y su hijo en la información compartida con la Fiscalía, a pesar de que habrían estado presentes en los datos proporcionados por autoridades brasileñas.
Fuente: El Observador
