Los restos del diputado Eulalio Lalo Gomes llegaron a un salón velatorio de Pedro Juan Caballero
La reciente muerte del diputado colorado cartista Eulalio “Lalo” Gomes ha desencadenado una tormenta política en Paraguay, con legisladores opositores planteando la posibilidad de un juicio político al presidente Santiago Peña. Este dramático giro en la política paraguaya ha reavivado tensiones y debates sobre la influencia del crimen organizado en las instituciones del Estado.
La diputada Johanna Ortega del Partido País Solidario fue una de las primeras en sugerir la posibilidad de un juicio político. Ortega recordó casos históricos como el asesinato del vicepresidente Luis María Argaña en 1999, que llevó a la renuncia del entonces presidente Raúl Cubas Grau, y la masacre de Curuguaty en 2012, que resultó en la destitución de Fernando Lugo.
“¿Esto es o no es un magnicidio?”, cuestionó Ortega en el pleno, señalando que eventos similares en el pasado han culminado en juicios políticos. La legisladora también propuso una sesión conjunta de ambas cámaras para esclarecer los hechos, una moción que no prosperó debido a la mayoría cartista.
El diputado Adrián “Billy” Vaesken del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) profundizó el debate al recordar declaraciones del exsenador cartista Juan Carlos “Calé” Galaverna. Vaesken citó una entrevista donde Galaverna acusaba al expresidente Horacio Cartes de tener “asesinos” en su equipo y ser capaz de cometer un “crimen político”.
Vaesken lamentó la situación “cíclica” de violencia política en Paraguay, mencionando el asesinato del joven dirigente liberal Rodrigo Quintana en 2017 durante el gobierno de Cartes. “Vivimos en un narco-Estado”, afirmó el legislador, instando a la clase política a unirse para restaurar el orden desde el Poder Legislativo.
El diputado Diosnel Aguilera del PLRA hizo un llamado a no normalizar el “terrorismo de Estado”, comparando el caso de Gomes con el de Quintana. Aguilera sugirió que el incidente podría ser resultado de un enfrentamiento entre facciones del narcotráfico que han permeado las instituciones estatales.
Aguilera criticó la reciente ley que otorgó mayores facultades a la policía, aprobada con el apoyo del cartismo, argumentando que estas nuevas atribuciones podrían haber contribuido a la situación actual.
La diputada Rocío Vallejo del Partido Patria Querida advirtió sobre un posible plan “extorsionador” de Honor Colorado. Vallejo señaló que la facción política podría estar buscando presionar para un juicio político contra el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, y para apartar a los fiscales que investigan la presunta estructura criminal vinculada a Gomes.
Vallejo criticó específicamente la propuesta del diputado cartista y vicepresidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), Orlando Arévalo, de apartar a los fiscales del caso. La legisladora argumentó que, si bien los fiscales deben dar explicaciones, separarlos de la investigación no sería “sano” para el proceso.
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El caso ha puesto de manifiesto las profundas divisiones y tensiones en la política paraguaya, así como las preocupaciones sobre la influencia del crimen organizado en las instituciones del Estado. La posibilidad de un juicio político al presidente Peña, aunque aún especulativa, ha añadido una nueva dimensión a la crisis política.
A medida que se desarrolla la investigación sobre la muerte de Gomes, es probable que continúen surgiendo debates sobre la integridad de las instituciones paraguayas y la necesidad de reformas para combatir la corrupción y el crimen organizado. La respuesta del gobierno de Peña a estas acusaciones y la evolución de la investigación serán cruciales para determinar el rumbo político del país en los próximos meses.
Fuente: ABC Color
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