El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) ha determinado un plazo de 20 días para iniciar el proceso de enjuiciamiento de los fiscales y del juez implicados en el operativo que culminó con la muerte del diputado cartista Eulalio Lalo Gomes. Esta decisión se tomó durante una sesión extraordinaria celebrada el miércoles, donde se resolvió aplicar el artículo 18 de la Ley 6814, que regula los procedimientos para el enjuiciamiento y remoción de magistrados, fiscales y defensores públicos.
El plazo, que finalizará el próximo 18 de septiembre, permitirá a los órganos constitucionales ejercer su rol acusador en contra del juez Osmar Legal y de los fiscales Osmar Segovia, Elva Cáceres e Ingrid Cubilla. Estos funcionarios estuvieron directamente involucrados en el operativo policial que resultó en la muerte del diputado Gomes.
JEM resuelve iniciar el plazo legal para investigar a fiscales y jueces del caso Lalo Gomes
El plazo es de 20 días, se cumple el 18 de septiembre.
«Nosotros resolvimos iniciar el plazo legal para el análisis de lo acontecido. El Art. 18 de nuestra ley nos faculta a… pic.twitter.com/6XHJXlFf6H
— Monumental AM 1080 (@AM_1080) August 21, 2024
El vicepresidente del JEM, Orlando Arévalo, explicó que la ley obliga a esperar estos 20 días para permitir la posibilidad de una acusación formal por parte de los representantes legales de la víctima. Sin embargo, destacó que si el hecho es grave, notorio o de interés público, el JEM tiene la facultad de actuar de oficio. En este caso, la muerte de un diputado nacional cumple con estos criterios.
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Arévalo subrayó que si los familiares de la víctima deciden presentar una acusación formal antes de que finalice el plazo, el JEM reconsiderará su decisión, ya que sería innecesario esperar los 20 días. Además, aseguró que tanto los fiscales como el juez implicado pueden confiar en que se respetará el debido proceso y su derecho a la defensa.
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El legislador resaltó la importancia de esclarecer lo sucedido durante el operativo en la residencia del diputado, señalando varias irregularidades, como la ejecución en horario nocturno y la omisión de la condición de legislador en el mandamiento de allanamiento. Según Arévalo, el objetivo del procedimiento no era detener al diputado, sino incautar equipos electrónicos, por lo que cuestionó si el uso de la fuerza fue necesario desde el inicio.
Fuente: Última Hora
