Ministro Enrique Riera. Foto: Archivo.
El fallecimiento del diputado Eulalio “Lalo” Gomes durante un controvertido allanamiento policial ha desencadenado una crisis sin precedentes en el seno del oficialismo paraguayo. El incidente, ocurrido en la madrugada del lunes, ha puesto de manifiesto las profundas divisiones existentes entre las diferentes facciones del partido gobernante y ha suscitado serias dudas sobre la actuación de las fuerzas de seguridad del país.
En una sesión extraordinaria celebrada el martes, los diputados del movimiento Honor Colorado, facción mayoritaria del Partido Colorado, votaron a favor de una declaración que exige la destitución del ministro del Interior, Enrique Riera, y del comandante de la Policía Nacional, Carlos Benítez. Esta medida, aunque carece de carácter vinculante, representa un claro desafío al presidente Santiago Peña, quien ha manifestado su respaldo incondicional a ambos funcionarios.
La postura del presidente Peña, quien calificó a Riera como “un amigo y una persona capaz”, contrasta notablemente con la de varios legisladores oficialistas. Diputados como Derlis Rodríguez, Carlos Godoy y Jatar Fernández han cuestionado duramente el operativo policial, llegando incluso a calificar a la Fiscalía y a la Policía de “infames e instrumentadas para apretar y asesinar”.
La conmoción generada por el caso ha trascendido las fronteras partidarias. El diputado Rodrigo Gamarra expresó el sentir de muchos de sus colegas al preguntarse: “¿Qué garantías tengo yo con este ministro del Interior de salir a la calle?”. Esta preocupación refleja el clima de temor e incertidumbre que se ha instalado en la clase política paraguaya tras el incidente.
Las circunstancias que rodean la muerte de Gomes han dejado al descubierto una compleja trama de presuntas conexiones con el crimen organizado y posibles encubrimientos. La versión oficial, que sostiene que el diputado se habría resistido durante el allanamiento, ha sido recibida con escepticismo por diversos sectores, incluyendo a miembros del propio partido oficialista.
El informe del forense Pablo Lemir, que indica que era imposible que Gomes llegara con vida al hospital debido a la gravedad de las heridas recibidas, ha añadido un elemento más de controversia al caso. Este detalle ha intensificado las dudas sobre la versión oficial de los hechos y ha alimentado diversas especulaciones sobre lo ocurrido durante el operativo.
La situación en Pedro Juan Caballero, ciudad natal de Gomes y epicentro de la crisis, es particularmente tensa. El intendente Ronald Acevedo ha admitido públicamente que el Estado no está tomando en serio la situación de inseguridad en la región, revelando un clima de temor generalizado que impide incluso denunciar ciertas situaciones desde el poder político local.
Entre la oposición, si bien se apoya el esclarecimiento de los hechos, se ha criticado la celeridad con la que los diputados cartistas buscan remover a las autoridades de seguridad. Algunos legisladores, como Raúl Benítez de Encuentro Nacional, han llegado a especular sobre la posibilidad de que la muerte de Gomes pudiera tratarse de una “quema de archivo” para detener la investigación de una presunta red de lavado de dinero.
El presidente del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez, ha vinculado el asesinato de Gomes con la falta de control en el financiamiento político, sugiriendo una posible infiltración del narcotráfico en las estructuras partidarias. Esta declaración ha añadido una nueva dimensión al caso, poniendo sobre la mesa la discusión sobre la influencia del crimen organizado en la política paraguaya.
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El Ministerio Público, por su parte, ha emitido un comunicado en el que aclara que la investigación se encuentra en una etapa preliminar y que se designará un nuevo equipo de trabajo para el caso. Esta medida busca garantizar la imparcialidad y transparencia del proceso investigativo, aunque ha sido recibida con cierto escepticismo por algunos sectores que cuestionan la actuación de la Fiscalía en el operativo que resultó en la muerte de Gomes.
Fuente: La Política Online
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