Un informe realizado por las Campañas Itaipú Causa Nacional e Itaipú también es Soberanía, entregado a la Cámara de Senadores el lunes último, revela que el 66% de las criptomineras con contrato con la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) no registran aportes al Instituto de Previsión Social (IPS). El análisis se basa en datos actualizados a finales de abril de 2024, obtenidos a través de un pedido de informe del Congreso Nacional.
De las 60 empresas criptomineras y similares que operan con energía de ANDE, 40 no pagan a la seguridad social. Según el desglose, el 73% de estas empresas no se inscribió en el IPS, ya sea porque no tienen personal, tienen servicios tercerizados o precarizados, o simplemente no cumplen con la ley. Un 16% declara no tener trabajadores en situación de dependencia, por lo que no está inscripto en el IPS, mientras que un 11% son empresas morosas, que tienen trabajadores pero no pagan el aporte correspondiente.
El empleo generado por las criptomineras y similares registradas en el IPS llega apenas a 383 personas, lo que equivale a 1,58 empleos por megavatio (MW) de potencia contratada. El aporte promedio, obrero y patronal, de las criptomineras al IPS es de tan solo el 0,59% de la factura eléctrica, muy por debajo del 1% que propone el proyecto de ley en discusión para determinar si una empresa genera o no puestos de trabajo.
Del ⅓ de empresas que sí aportan al IPS, el 45% (nueve empresas) aporta menos del 1% de su factura eléctrica, incluyendo a la mayor consumidora de energía, Muiden, que demanda 124 MW en 220 kV y aporta apenas el 0,07% de su factura al IPS. Un 30% (seis contratos) aporta entre 1% y 2%, mientras que un 20% (cuatro empresas) aporta entre 2% y 5%. Solo una empresa, Elecomo, aporta el 8,95% de su factura eléctrica al IPS, aunque con una potencia contratada de apenas 0,18 MW.
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El informe destaca que el 100% de las criptomineras aporta menos del 10% al IPS de lo que paga a la ANDE, considerando tanto el aporte obrero como el patronal. Sugiere que el proyecto de ley podría contemplar medidas más estrictas para los grandes consumidores y menos drásticas para los pequeños, hasta 0,2 MW, por ejemplo.
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Los datos objetivos de ANDE e IPS evidencian el escaso aporte a la seguridad social por parte de las empresas criptomineras, especialmente las de mayor consumo energético, lo que plantea la necesidad de un marco regulatorio que garantice una contribución justa y proporcional a la facturación eléctrica de estas compañías.
Fuente: ABC Color
