La repentina muerte del diputado Eulalio “Lalo” Gomes ha desatado una serie de interrogantes sobre el destino de su vasta fortuna, estimada en más de USD 130 millones. El fallecimiento del legislador, ocurrido durante un operativo policial-fiscal, ha puesto sobre la mesa una compleja situación legal que involucra acusaciones de lavado de activos provenientes del narcotráfico y asociación criminal.
Gomes, quien representaba al departamento de Amambay por la Asociación Nacional Republicana (ANR), había declarado en julio del año pasado un patrimonio de G. 979.214.075.024, equivalente a USD 134 millones al tipo de cambio de ese momento. Esta declaración incluía una impresionante lista de bienes, desde extensas propiedades rurales hasta vehículos de lujo y una aeronave.
Esta es la fortuna del diputado cartista “Lalo” Gomes, abatido este lunes por la Policía Nacional.
El legislador era uno de los más acaudalados del Congreso Nacional.
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— Telefuturo (@Telefuturo) August 20, 2024
Entre los activos más destacados se encontraban 14 inmuebles, de los cuales la mitad eran propiedades rurales que sumaban casi 8.500 hectáreas. Además, el diputado poseía siete inmuebles urbanos, seis camionetas de alta gama, un camión de gran porte y 14.309 cabezas de ganado vacuno. Todo esto sin contar una aeronave valuada en G. 600.000.000.
Sin embargo, la legitimidad de esta fortuna estaba bajo escrutinio. La Contraloría había iniciado una investigación sobre la veracidad de la declaración jurada de Gomes, aunque sorpresivamente, este proceso quedó sin efecto por decisión de la misma institución, según confirmó Armindo Torres, director de Declaraciones Juradas.
Un aspecto crucial de este caso son las acciones que Gomes poseía en empresas que ahora están bajo investigación. Específicamente, era accionista mayoritario de Salto Diamante SA y Paraguay Autopartes y Accesorios SA, firmas que, según la Fiscalía, habrían sido utilizadas para la comisión de los delitos investigados.
Ante esta situación, el juez Osmar Legal ha tomado medidas preventivas, decretando la inhibición general de los bienes de Gomes. Esta decisión prohíbe la enajenación o gravamen de sus propiedades, además de ordenar el embargo y bloqueo de todas sus cuentas bancarias, en financieras y cooperativas. La medida se extiende incluso al ganado vacuno registrado a nombre del diputado.
La resolución judicial no se limita a los bienes de Gomes, sino que también alcanza a propiedades a nombre de su hijo Alexandre, del brasileño Óscar Daniel Cabreira Pinazo, y de varias empresas vinculadas a la familia, incluyendo FRG Constructora, Los Angeles SA Importación y Exportación, y EG Adamas SA.
El destino final de estos bienes dependerá en gran medida de las decisiones judiciales futuras. Santiago Arza, director de Asuntos Legales de la Senabico (Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados), ha señalado que hasta el momento no tienen administración de ningún bien incautado en el marco del proceso contra Gomes. Sin embargo, la Ley 6.431 contempla la posibilidad de aplicar un procedimiento especial de comiso en casos donde la muerte del supuesto autor impide el inicio del procedimiento penal.
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Este caso plantea un dilema legal y ético significativo. Por un lado, están los derechos de los herederos de Gomes: su esposa Johana Isabel Rodrígues y sus cuatro hijos. Por otro, está el interés del Estado en recuperar bienes que podrían haber sido adquiridos mediante actividades ilícitas. La resolución de este conflicto sentará un precedente importante en la lucha contra el crimen organizado y el lavado de activos en Paraguay.
Fuente: ABC Color
