La Corte Suprema de Justicia ha presentado un proyecto de ley ante el Senado que busca implementar un examen obligatorio para la matriculación de nuevos abogados. La medida, según la Corte, es una respuesta a la necesidad de elevar los estándares de calidad en el ejercicio de la abogacía, con el fin de evitar posibles escándalos jurídicos y asegurar que los derechos de los ciudadanos estén en manos de profesionales idóneos.
En la exposición de motivos del proyecto, se subraya que, aunque la formación profesional de los abogados no es una responsabilidad directa del Poder Judicial, la actual coyuntura exige acciones urgentes. La Corte argumenta que la calidad de los planteamientos legales presentados ante los tribunales es crucial para una administración de justicia eficiente y justa. Sin una adecuada formación y control de los abogados, la función judicial corre el riesgo de verse comprometida, lo que podría repercutir negativamente en la tutela efectiva de los derechos de los individuos.
El proyecto de ley propone modificar el Código de Organización Judicial para incluir como requisito previo a la obtención de la matrícula, la aprobación de un examen de competencias administrado exclusivamente por la Corte Suprema. Este cambio busca garantizar que solo aquellos con una formación y habilidades adecuadas puedan ejercer la abogacía, protegiendo así el sistema judicial y los derechos de los ciudadanos.
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La iniciativa también establece que la regulación propuesta no afectará a los abogados ya matriculados, sino que se aplicará únicamente a los futuros profesionales. Además, se destaca que el examen no limitará la cantidad de nuevas matrículas por año, sino que buscará asegurar que todos los postulantes cumplan con un nivel mínimo de competencia necesario para el ejercicio de la profesión.
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Este proyecto de ley responde a un contexto en el cual la proliferación de facultades de Derecho y el aumento de abogados en el país han generado preocupaciones sobre la calidad de la formación y el ejercicio profesional. La Corte Suprema considera que la implementación de un examen previo a la matriculación es una medida esencial para garantizar una justicia de calidad y fortalecer el Estado de Derecho en Paraguay.
Fuente: El Observador
