La Municipalidad de Asunción ha recibido donaciones de la Koica para el nuevo sistema semafórico, y por otro lado realizó una adjudicación de G. 30.000 millones para comprar e instalar el sistema de tránsito, que fue mediando la “excepción”. Foto: Virgilio Vera
El intendente de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez, adjudicó en el 2023 la instalación de un nuevo sistema de tráfico por un valor de G. 30.000 millones, a través de un proceso de excepción, lo que le permitió evitar el concurso público. Esta contratación, realizada con la empresa Comtel Sociedad Anónima, ha generado cuestionamientos debido a la falta de transparencia en el procedimiento.
El contrato adjudicado, registrado bajo la licitación ID 432.244, contempla la provisión, instalación y puesta en funcionamiento del sistema de red del centro de control ATMS. Los trabajos incluyen la ampliación de la red de fibra óptica, la provisión de accesorios, la expansión del sistema de energía, y la mejora del sistema de videovigilancia y almacenamiento. Sin embargo, lo que ha llamado la atención es la vía de excepción utilizada, considerando que el sistema de tránsito ya había sido anunciado en 2021, lo que otorgaba tiempo suficiente para un proceso de licitación ordinario.
La decisión de utilizar el proceso de excepción para esta contratación se justifica, en teoría, en situaciones de emergencia que requieren una acción inmediata. No obstante, dado que el proyecto fue anticipado con dos años de antelación, la elección de esta vía ha generado suspicacias sobre la verdadera necesidad de eludir los controles habituales.
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En otro caso similar, Rodríguez también adjudicó la licitación 424.097 para el servicio de almacenamiento de semáforos donados, por un monto de G. 1.045 millones, nuevamente utilizando la vía de excepción. Este patrón de adjudicaciones excepcionales se ha repetido en múltiples ocasiones durante la administración de Nenecho, acumulando un gasto total cercano a los G. 60.000 millones en compras y servicios bajo la premisa de emergencias.
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La falta de transparencia en estos procedimientos ha derivado en una investigación del Ministerio Público contra el intendente por lesión de confianza, relacionada con el desvío de G. 500.000 millones de bonos destinados a obras públicas. Este desvío, inicialmente denunciado por medios locales, fue confirmado por un análisis de la Contraloría General de la República.
Fuente: ABC Color
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