El juicio más prolongado en la historia judicial de Paraguay sigue sin resolverse tras 24 años, lo que genera preocupación y frustración entre las víctimas y sus familiares. El proceso, que involucra al exministro del Interior Walter Bower y otros dos policías, gira en torno a acusaciones de tortura durante el gobierno de Luis González Macchi, en el año 2000. Las víctimas, entre ellas el comisario Alfredo Cáceres, denuncian demoras deliberadas que parecen tener el objetivo de evitar una condena.
Cáceres, quien asiste a las audiencias en silla de ruedas debido a una enfermedad pulmonar irreversible, expresó su desesperación en una reciente entrevista: “Están esperando que me muera”, afirmó, sugiriendo que las dilaciones en el juicio son una estrategia para evitar justicia. Según sus declaraciones, la defensa de Bower ha utilizado tácticas dilatorias, como la lectura de expedientes irrelevantes, para alargar el proceso.
El juicio, que fue anulado en 2021 por una Cámara de Apelaciones que cuestionó la falta de pruebas científicas, se reinició en febrero de este año. No obstante, las audiencias avanzan a un ritmo extremadamente lento. La última sesión se llevó a cabo el pasado viernes, y la siguiente está programada para el 27 de agosto. Para Cáceres, esta situación es evidencia de la influencia política de Bower, quien, según él, ha logrado evitar una condena por más de dos décadas.
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La gravedad del caso atrajo la atención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que en 2022 declaró al Estado paraguayo responsable por los actos de tortura cometidos durante el gobierno de González Macchi. La CIDH ordenó al Estado promover investigaciones y sanciones, además de establecer programas de capacitación para jueces y fiscales en materia de tortura.
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A pesar del fallo de la CIDH y las numerosas denuncias, el proceso sigue estancado. Cáceres, visiblemente agotado, declaró: “Estoy cansado de tanta hipocresía. No se animan a condenar a un criminal como Walter Bower”. La prolongación de este juicio sigue siendo un reflejo de las deficiencias del sistema judicial paraguayo, dejando en incertidumbre a las víctimas y a sus familias.
Fuente: ABC Color
