Tras la muerte del diputado Eulalio “Lalo” Gomes, el legislador Orlando Arévalo ha anunciado que solicitará al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) la suspensión de los jueces y fiscales involucrados en el controversial allanamiento. Este movimiento promete intensificar el escrutinio sobre el operativo que terminó con la vida del parlamentario colorado.
Arévalo, quien también es miembro del JEM, ha convocado a una sesión extraordinaria “de manera urgente” para examinar minuciosamente los eventos que llevaron al fatal desenlace. “Queremos saber lo actuado por los magistrados, los fiscales intervinientes (…) queremos los expedientes y saber por qué se dieron las cosas de esa manera”, declaró el diputado, subrayando la necesidad de una investigación exhaustiva.
La petición de suspensión abarca a todos los funcionarios judiciales que participaron en el procedimiento, incluyendo a los fiscales Osmar Segovia, Ingrid Cubilla y Elva Cáceres, así como al juez Osmar Legal, quien autorizó el allanamiento. Esta medida busca facilitar una investigación imparcial sobre las circunstancias que rodearon el operativo.
El trágico incidente ocurrió en la madrugada del lunes, cuando agentes del Servicio de Inteligencia Unificada (SIU), FOPE y representantes de la Fiscalía llevaron a cabo un operativo en la residencia de Gomes. Según el reporte policial, fueron recibidos con disparos por parte del legislador, lo que desencadenó un intercambio de fuego que resultó en la herida fatal del diputado.
Es importante destacar que el allanamiento estaba vinculado a una investigación más amplia. Los fiscales habían imputado previamente a Alexandre Gomes, hijo del fallecido diputado, por presuntos vínculos con un esquema de lavado de activos provenientes del narcotráfico y asociación criminal.
La solicitud de Arévalo para una sesión extraordinaria del JEM marca un punto de inflexión en este caso de alto perfil. Sin embargo, aún no se ha confirmado la fecha de dicha sesión, ni si la propuesta de suspensión será aceptada por el órgano judicial.
Este desarrollo añade una nueva capa de complejidad a un caso que ya ha sacudido el escenario político y judicial paraguayo. La posible suspensión de los magistrados involucrados podría tener implicaciones significativas no solo para este caso en particular, sino también para futuros procedimientos judiciales de naturaleza similar.
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La opinión pública y los medios de comunicación estarán atentos a la evolución de esta situación, especialmente a la respuesta del JEM ante la solicitud de Arévalo. El desenlace de este proceso podría sentar un precedente importante en cuanto a la responsabilidad y la rendición de cuentas en operativos judiciales de alto riesgo.
Mientras tanto, la tragedia de Lalo Gomes continúa generando debates sobre los protocolos de seguridad en allanamientos, especialmente aquellos que involucran a figuras públicas. Este caso seguramente provocará una revisión de las prácticas actuales y posiblemente lleve a reformas en los procedimientos judiciales y policiales en Paraguay.
Fuente: Última Hora
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