El presidente de la República, Santiago Peña. Foto: ABC.
La reciente detención de Mahdy Akil Helbawi en Cúcuta, Colombia, ha reavivado las preocupaciones sobre los vínculos entre el narcotráfico y el terrorismo internacional, con un foco particular en la Triple Frontera y Paraguay. Este caso ha puesto de manifiesto la compleja red de actividades ilícitas que atraviesa las fronteras y desafía a las autoridades regionales.
Helbawi, conocido como el “Turco”, es hijo de Amer Mohamed Akil Rada, un alto miembro de Hezbolá señalado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y la DEA. Su detención ha arrojado luz sobre el tráfico de la llamada «cocaína negra», una forma sofisticada de contrabando que implica el camuflaje de la droga como carbón vegetal.
Las autoridades colombianas sospechan que la empresa de exportación de carbón vegetal de Helbawi era una fachada para el tráfico de esta droga modificada químicamente. Este método, aunque no es nuevo, ha ganado notoriedad por su eficacia para evadir los controles aduaneros y ha sido vinculado a operaciones de Hezbolá en América Latina.
Paraguay, como séptimo mayor exportador mundial de carbón vegetal, se ha convertido involuntariamente en un punto de interés para estos grupos criminales. La gran cantidad de mercancía que sale de sus puertos ofrece una cobertura ideal para el contrabando de drogas, como se evidenció en 2014 con la incautación de 390 kilogramos de cocaína en España, enviados desde Paraguay bajo esta modalidad.
La Triple Frontera, conocida por su economía informal y sus desafíos en materia de seguridad, se ha convertido en un foco de atención internacional. Expertos como Emanuele Ottolenghi han señalado que la región alberga “la mayor economía ilícita del mundo”, lo que la convierte en un terreno fértil para actividades de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
El endurecimiento de las medidas en Colombia ha empujado a grupos como Hezbolá a buscar nuevas rutas y métodos de operación, encontrando en la Triple Frontera una infraestructura ya establecida para el lavado de activos. Esta situación plantea desafíos significativos para las autoridades paraguayas y sus vecinos.
El contexto actual coloca al gobierno de Santiago Peña en una posición delicada. Por un lado, Paraguay busca recomponer sus relaciones con Israel, con la próxima reapertura de la embajada israelí en Asunción después de seis años. Por otro, enfrenta cuestionamientos internacionales sobre los presuntos vínculos de figuras políticas prominentes con organizaciones terroristas.
Las acusaciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra el expresidente Horacio Cartes y el exvicepresidente Hugo Velázquez, sugiriendo reuniones con miembros de Hezbolá, han añadido una capa adicional de complejidad a la situación. Estos señalamientos han generado preocupación tanto en la región como en el Medio Oriente.
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La administración de Peña se encuentra así en una encrucijada diplomática y de seguridad. Mientras prepara la mudanza de la embajada paraguaya a Jerusalén, debe también abordar las inquietudes internacionales sobre el papel de Paraguay en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo.
Esta situación subraya la necesidad de una cooperación internacional más estrecha y efectiva en la lucha contra el crimen organizado y el terrorismo. Paraguay, junto con sus vecinos y aliados internacionales, enfrenta el desafío de fortalecer sus controles fronterizos y financieros para combatir estas amenazas transnacionales.
Fuente: La Política Online
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