El presidente de la República, Santiago Peña, la presidenta del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, Alicia Pucheta y el titular de la ANR, Horacio Cartes.
En una sesión marcada por la controversia, la Cámara de Senadores aprobó una ampliación presupuestaria para el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), generando un intenso debate sobre la creación de nuevos cargos con salarios considerablemente altos. La medida, que ahora se dirige a la Cámara de Diputados para su consideración, ha provocado reacciones encontradas en el ámbito político y en la opinión pública.
El proyecto de ley, inicialmente presentado por sectores cartistas y sus aliados, fue modificado por la comisión de Hacienda del Senado, elevando la ampliación de G. 184.166.667 a G. 278.000.000. Esta modificación incluye la creación de dos direcciones generales con salarios de G. 17 millones cada una, así como un cargo profesional adicional con un salario de G. 12.000.000 y un gasto de representación de G. 4.500.000.
Alicia Pucheta, presidenta del JEM, justificó la medida argumentando la necesidad de “robustecer” áreas clave del organismo, especialmente aquellas relacionadas con la transparencia, la intervención en expedientes, los sistemas de control interno y la planificación estratégica. Según Pucheta, estas nuevas direcciones generales son fundamentales para garantizar la independencia y objetividad en los procesos de enjuiciamiento.
Sin embargo, la decisión no estuvo exenta de críticas. El senador Rafael Filizzola (PDP) cuestionó duramente la modificación presupuestaria, señalando que viola la Ley 7278 que regula la organización administrativa del Estado. Filizzola intentó, sin éxito, posponer el tratamiento del proyecto y solicitar informes adicionales antes de su aprobación.
El legislador expresó su preocupación por la proliferación de direcciones generales en una institución con un presupuesto relativamente modesto de menos de USD 6 millones. Señaló que, con el organigrama actual, el JEM ya cuenta con 14 direcciones y 5 direcciones generales, cuestionando la necesidad y eficiencia de tantos cargos de alto nivel en una entidad de este tamaño.
La aprobación de estos nuevos cargos plantea interrogantes sobre la gestión de los recursos públicos y la estructura organizativa del Estado. Críticos argumentan que esta medida podría contribuir a la inflación burocrática sin necesariamente mejorar la eficiencia o la calidad de los servicios prestados por el JEM.
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Por otro lado, defensores de la medida sostienen que el fortalecimiento institucional del JEM es crucial para garantizar un sistema judicial más transparente y eficaz. Argumentan que las nuevas direcciones generales permitirán una mejor supervisión y control de los procesos de enjuiciamiento de magistrados, un aspecto fundamental para la integridad del sistema judicial.
Fuente: ABC Color
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