Diputado Raúl Benitez. Foto: Maria Teresa Blanco. Abc. Archivo
La Cámara de Diputados se encuentra en el centro de una controversia política debido a un proyecto de ley que busca desafectar un terreno municipal en San Lorenzo, actualmente destinado a una plaza pública, para cederlo a una seccional del Partido Colorado que lo ocupa de manera ilegal. El diputado por Central, Raúl Benítez, ha anunciado su intención de solicitar la postergación del tratamiento de este polémico proyecto en la sesión programada para hoy.
El terreno en cuestión, con una superficie de más de 1.400 metros cuadrados, fue originalmente cedido a la Municipalidad de San Lorenzo en 1960 con la condición expresa de que fuera utilizado para el beneficio de toda la comunidad. Sin embargo, en 2013, durante la administración del entonces intendente Albino Ferrer, se emitió una resolución que reconocía la propiedad del terreno a favor de una seccional colorada, contraviniendo así el propósito original de la cesión.
Benítez ha calificado el proyecto como “absolutamente arbitrario e injusto” para los ciudadanos de San Lorenzo, argumentando que no solo se trata de legalizar una ocupación ilegal, sino que además se pretende realizar la operación a un precio irrisorio. El diputado señaló que, según un informe de Catastro de 2016, el terreno debería ser una plaza para todos los ciudadanos de San Lorenzo, y no para el beneficio exclusivo de un sector político.
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El legislador fundamenta su oposición en el artículo 136 de la Carta Orgánica Municipal, que establece que la cesión de terrenos públicos para dominio privado solo puede realizarse cuando el interés general prevalece sobre el particular. Benítez sostiene que en este caso se está priorizando el interés de un solo sector político en detrimento del bien común. Además, criticó el uso de las instituciones y los poderes del Estado para, según sus palabras, “blanquear las fechorías que vinieron haciendo históricamente”.
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En cuanto al aspecto económico de la operación, Benítez argumenta que, en caso de proceder con la venta del terreno, la seccional colorada debería pagar no solo por la adquisición sino también por el alquiler correspondiente al tiempo que ha estado ocupando ilegalmente el predio. El diputado estima que el valor de mercado del terreno rondaría los USD 300.000, en marcado contraste con el valor fiscal de apenas 11 millones de guaraníes que, según indica, sería la intención de los promotores del proyecto.
Fuente: ABC Color
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