La Contraloría General de la República (CGR), bajo la dirección de Camilo Benítez Aldana, ha modificado su sistema de publicación de informes, omitiendo los nombres de municipalidades cuyos jefes comunales no han presentado sus documentaciones para justificar el uso de fondos públicos. Esta acción contradice el discurso de transparencia promovido por la institución y el gobierno.
En su informe de agosto, la CGR realizó cambios significativos en la planilla publicada en su sitio web. Anteriormente, los municipios que incumplían las exigencias legales y administrativas para recibir fondos de royalties y del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide) estaban marcados en rojo, facilitando su identificación por parte de la ciudadanía.
Entre los municipios que no entregaron su documentación se encuentran Paso Barreto, Atyrá, Juan de Mena, Jesús de Tavarangüe, San Juan Bautista y Caapucú. También figuran en esta “lista roja” Quyquyhó, Paso de Patria, Bahía Negra, Carmelo Peralta y Puerto Casado. En total, once administraciones están en falta.
La CGR también reportó que varios municipios presentaron sus documentos fuera del tiempo reglamentario. Entre estos se encuentran San Lázaro, San Pablo, Eusebio Ayala, Santa Elena, San Miguel, Paraguarí y Raúl Peña, entre otros.
Este cambio en la presentación de la información dificulta la identificación de los intendentes que incumplen con sus obligaciones de rendición de cuentas, limitando así el acceso de los ciudadanos a información crucial sobre la gestión de los recursos públicos en sus comunidades.
La situación se agrava con las recientes acciones del gobierno que parecen debilitar el rol de la Contraloría. El presidente Santiago Peña vetó la ley “anti puenteo”, lo que ha llevado a que varias instituciones eviten entregar sus rendiciones de cuentas al ente contralor, recurriendo en su lugar al Tribunal de Cuentas.
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Estas acciones contrastan fuertemente con el discurso oficial de “fortalecimiento de la transparencia”. La omisión de información crítica y los cambios en los procedimientos de rendición de cuentas plantean serias preocupaciones sobre el compromiso real del gobierno con la transparencia y la lucha contra la corrupción.
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La ciudadanía y las organizaciones de la sociedad civil exigen una mayor claridad en los informes de la CGR y un fortalecimiento real de los mecanismos de control y transparencia en la gestión de los recursos públicos. Es fundamental que se restablezcan prácticas que faciliten el acceso a la información y la rendición de cuentas de todas las instancias del gobierno.
Fuente: ABC Color
