El bloque democrático del Senado paraguayo ha tomado la decisión de no participar en la recientemente creada “Comisión Bicameral de investigación de carácter transitorio para la investigación de hechos punibles de lavado de activos, contra el patrimonio del Estado, contrabando y otros delitos conexos”. Esta decisión fue anunciada por el senador Rafael Filizzola, del partido País Solidario, quien explicó que la oposición considera que dicha comisión no cumple con los requisitos constitucionales ni legales necesarios para su formación.
La comisión, apodada “comisión garrote” por sus críticos, fue impulsada por el cartismo y sus aliados en el Senado. Según Filizzola, la oposición ve esta iniciativa como un intento de persecución contra un grupo económico específico y un medio de prensa, refiriéndose al Grupo Zuccolillo, propietario del Diario ABC Color. El senador advirtió que existe la posibilidad de que la comisión pueda extender sus funciones para afectar a otros medios de comunicación en el futuro.
La decisión del bloque democrático de no presentar postulaciones para participar en la comisión se basa en la creencia de que hacerlo legitimaría una entidad que consideran ilegal desde su concepción. Filizzola señaló que la comisión comenzó “torcida desde el principio” y que participar en ella sería darle un “ropaje legal” a una iniciativa con fines poco claros y orientada a la persecución política.
El senador Filizzola explicó que, tras un debate interno durante el fin de semana, el bloque opositor llegó a la conclusión de que no tiene sentido formar parte de una comisión que consideran “mal planteada”. Destacó que desde el inicio hubo una intención de perseguir más que de investigar, lo cual contraviene la ley reglamentaria que rige este tipo de comisiones.
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La oposición argumenta que su decisión de no participar no equivale a “dejar la cancha libre” al oficialismo. Filizzola señaló que, incluso si participaran, estarían en minoría dentro de la comisión, por lo que no consideran que valga la pena legitimarla con su presencia. Esta postura refleja una estrategia de deslegitimación de la comisión por parte del bloque democrático.
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Es importante recordar que la creación de esta comisión bicameral fue aprobada por el cartismo y sus aliados en el Senado bajo el pretexto de investigar el lavado de dinero. Sin embargo, los propios impulsores de la iniciativa han admitido abiertamente que su objetivo es actuar contra la prensa crítica. Esta situación ha generado preocupación entre diversos sectores de la sociedad, que ven en esta comisión una potencial amenaza a la libertad de prensa y una herramienta de persecución política.
Fuente: ABC Color
