Luis Montanaro Bedoya. Foto: X Lucas Zaracho.
El empresario Luis Augusto Montanaro Bedoya emitió un segundo comunicado en el que cuestiona duramente el proceder de la Fiscalía en el polémico caso Duck Sex Games, donde se lo acusa de lesionar el derecho a la comunicación y la imagen por la supuesta viralización de videos íntimos sin el consentimiento de la víctima. Montanaro denunció que la Fiscalía ha montado un show mediático, exhibiendo juguetes sexuales incautados y retardando la revisión de su teléfono celular, que según él, contiene la prueba de su inocencia.
Montanaro calificó de “nulo” el contrato presentado como prueba, argumentando que carece de firma y que, junto con otros objetos incautados, solo sirve para alimentar el “morbo y amarillismo”. Además, criticó la falta de una denuncia formal en su contra por amenazas a la fiscala Ruth Benítez, lo que según él, evidencia la falta de sustento en las acusaciones.
El empresario también acusó a la Fiscalía de violar su derecho a la intimidad y la presunción de inocencia al exponer su identidad ante la prensa, mientras que la identidad de la supuesta víctima fue protegida. Aseguró que su imagen ha sido perjudicada ante la sociedad y su familia debido a lo que considera un circo mediático montado sobre mentiras y suposiciones infundadas.
En cuanto a la viralización de los videos, Montanaro reiteró que no divulgó ningún contenido sin consentimiento y afirmó que la prueba de su inocencia está en su teléfono celular, el cual fue incautado por la Fiscalía. Alegó que su dispositivo fue manipulado indebidamente durante y después del allanamiento, motivo por el cual contrató a un perito informático para demostrar las supuestas irregularidades en el manejo de las pruebas.
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Montanaro también sugirió que las acciones en su contra podrían estar influenciadas por la relación entre la supuesta víctima y una alta funcionaria de la Fiscalía General del Estado, y denunció insinuaciones que podrían interpretarse como intentos de influir en el proceso a cambio de dinero. Afirmó que durante el procedimiento de deslacrado de las evidencias no se permitió la presencia de un escribano público, lo cual considera una grave irregularidad.
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Finalmente, el empresario reiteró que no tiene ninguna relación con Sabino Augusto Montanaro, exministro de la dictadura de Alfredo Stroessner, y solicitó justicia y reparación por todos los daños causados por lo que considera un abuso del poder coercitivo del Estado en su contra.
Fuente: Última Hora
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