La Cámara de Apelaciones ha tomado una decisión crucial en el caso del senador Hernán Rivas, confirmando la resolución del juez Raúl Florentín que permite al Ministerio Público presentar su dictamen conclusivo. Esta determinación, tomada el 19 de julio, marca un punto de inflexión en un proceso judicial que ha enfrentado numerosos obstáculos.
El Ministerio Público, a través de la fiscal Patricia Sánchez, había solicitado un sobreseimiento provisional para Rivas. Esta medida otorgaría a la fiscalía doce meses adicionales para continuar la investigación, argumentando que durante la etapa inicial no se logró recopilar suficientes pruebas que confirmen la falsedad del título del legislador.
#ALaGran730 #HernánRivas La Cámara de Apelaciones rechazó el último recurso planteado por la defensa del senador Hernán David Rivas Román (ANR – cartista) y confirmó el plazo para la presentación del requerimiento conclusivo.
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— ABC TV Paraguay (@ABCTVpy) August 12, 2024
La imputación fiscal en este caso ha experimentado un camino sinuoso, con dos reenvíos y dos ratificaciones por parte de la fiscalía adjunta. La Cámara de Apelaciones, en su análisis, consideró que la imputación contra Rivas carecía inicialmente de argumentos que describieran adecuadamente la conducta del procesado. Sin embargo, el Ministerio Público sostiene que existe un relato coherente de los hechos.
Con esta resolución de la Cámara, el juez Miguel Palacio deberá establecer una fecha para la audiencia preliminar. En esta instancia, se resolverá la solicitud del Ministerio Público, mientras que la defensa de Rivas buscará la desvinculación definitiva de su cliente del proceso.
El caso ha sido objeto de numerosas dilaciones, lo que explica por qué recién el mes pasado se pudieron imponer medidas cautelares al imputado. Estas incluyen la comparecencia bimensual ante el juzgado, la obligación de comunicar salidas del país, la prohibición de cambiar de domicilio y una fianza personal de 500 millones de guaraníes.
La imputación contra Rivas, formulada el 18 de enero por la fiscal Patricia Sánchez, se basa en la presunta utilización irregular de su matrícula de abogado para acceder a un cargo en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados en dos ocasiones. El Ministerio Público sospecha que esta matrícula fue obtenida de manera irregular.
Desde la imputación, el caso ha enfrentado diversos contratiempos, incluyendo dos devoluciones al Ministerio Público por errores en la formulación de cargos, según lo señalado por los camaristas que intervinieron en la causa.
El senador Rivas, por su parte, ha mantenido su inocencia, afirmando que aclarará en el momento oportuno que su título de abogado es legítimo.
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La decisión sobre el futuro del caso recae ahora en manos del juez Miguel Palacios, quien deberá determinar si concede el sobreseimiento provisional solicitado por la fiscalía. Esta salida procesal evitaría que el caso quede impune, permitiendo continuar con la investigación.
Fuente: Judiciales.net
