La gestión del intendente de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez, continúa siendo objeto de escrutinio público debido a sus polémicas prácticas de contratación. Durante cuatro años y medio, Rodríguez ha mantenido a la capital paraguaya en estado de «emergencia”, lo que le ha permitido realizar contrataciones directas por un monto aproximado de 60.000 millones de guaraníes, evadiendo los controles normales de adquisición pública.
El patrón de contrataciones revela una preocupante continuidad en la selección de proveedores. Las mismas empresas que fueron criticadas por sobrefacturaciones y vínculos familiares durante la pandemia en 2020 y 2021, vuelven a aparecer como beneficiarias de contratos directos en 2023. Este hecho plantea serias dudas sobre la transparencia y la equidad en el proceso de adjudicación de contratos municipales.
Un análisis detallado de las licitaciones recientes muestra que empresas como San Benito ICSA, M Y F Industrial y Comercial SA, y Grimex SA, todas previamente cuestionadas, han vuelto a recibir contratos sustanciales. Por ejemplo, en la licitación 432.162 para la adquisición de colchones y frazadas, San Benito ICSA se adjudicó un contrato por 116.535.568 guaraníes.
El caso de Grimex SA es particularmente llamativo. Después de recibir contratos por casi 1.000 millones de guaraníes en 2020, la empresa fue inhabilitada. Sin embargo, el intendente Rodríguez procedió a contratar a Distrimex, una empresa vinculada al hijo del propietario de Grimex SA, evidenciando un posible patrón de nepotismo en las contrataciones municipales.
La licitación 431.910, destinada a la adquisición de materiales e insumos para asistencia, también muestra la recurrencia de proveedores cuestionados. Empresas como Cova, que en 2020 fue adjudicada para proveer kits de alimentos durante la pandemia, vuelven a aparecer como beneficiarias de contratos directos.
Para justificar estas contrataciones directas, el intendente Rodríguez ha utilizado el rubro 831, que según la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas, solo debe aplicarse en casos de “Urgencia Impostergable”. Sin embargo, la prolongada declaración de emergencia por más de cuatro años pone en duda la legitimidad de este argumento.
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Estas prácticas han llevado a que el intendente Rodríguez sea actualmente investigado por la Fiscalía de Delitos Económicos y Anticorrupción por presunta lesión de confianza. La investigación se centra en el supuesto desvío de 500.000 millones de guaraníes provenientes de bonos que originalmente estaban destinados a obras públicas.
La reiterada práctica de contrataciones directas y la recurrencia de proveedores cuestionados plantean serias preocupaciones sobre la gestión municipal en Asunción. Estos hechos subrayan la necesidad urgente de una mayor transparencia y supervisión en los procesos de contratación pública, así como una investigación exhaustiva de las posibles irregularidades en la administración de los recursos municipales.
Fuente: ABC Color
