El exministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Ramón Jiménez Gaona, y la exviceministra de Administración y Finanzas, Marta Benítez Morínigo, enfrentarán una audiencia preliminar a finales de agosto por su implicación en el caso Metrobús. La fiscalía acusa a ambos de supuesta lesión de confianza, señalando un daño patrimonial al Estado paraguayo de aproximadamente 25 millones de dólares.
La audiencia preliminar está programada para el lunes 26 y martes 27 de agosto, a las 7:30, ante el juez de Garantías Especializado en Delitos Económicos, Humberto Otazú. La última tentativa de realizar esta diligencia fue el 23 de julio, cuando el juez Otazú suspendió la audiencia tras las objeciones presentadas por las defensas de los acusados.
El Ministerio Público también había acusado a Guillermo Alcaraz, gerente del proyecto Metrobús, pero su fallecimiento en julio llevó a archivar el caso en su contra. Según la acusación fiscal, el Estado paraguayo sufrió un daño patrimonial de G. 180.030.528.699 debido al pago de 29 certificados de obras a favor de la firma Mota-Engil Ingeniería y Construcción SA, recibiendo a cambio una obra inconclusa e inviable.
️#CasoMetrobús El juez de Delitos Económicos, Humberto Otazú, fijó para el 26 y 27 de agosto la audiencia preliminar para el ex ministro Ramón Jiménez Gaona y la coprocesada Marta Benítez. El último procesado falleció. pic.twitter.com/djaBenjX5Z
— Raúl Ramírez Bogado (@Raulramirezpy) August 6, 2024
La fiscal María Estefanía González, encargada del caso, argumenta que Ramón Jiménez Gaona, durante su gestión como ministro del MOPC entre 2013 y 2018, no protegió el interés patrimonial del Estado. Como resultado, se pagaron 29 certificaciones por un valor de 25 millones de dólares por una obra que quedó inconclusa.
Marta Benítez Morínigo, quien ejerció como viceministra de Administración y Finanzas del MOPC entre 2016 y 2018, firmó un convenio modificatorio al contrato con Mota-Engil, incrementando el contrato en G. 103.483.670.390. Este acto, según la fiscalía, causó un detrimento al patrimonio estatal.
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Entre las pruebas presentadas, destaca una nota de la Municipalidad de Fernando de la Mora, que indica que no se otorgaron permisos para la ejecución del proyecto Metrobús en esa ciudad. Además, declaraciones de funcionarios de la Contraloría General de la República y frentistas afectados durante la construcción respaldan la acusación de la fiscal González.
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La fiscalía acusa a Jiménez Gaona de múltiples deficiencias en la gestión del proyecto, incluyendo la falta de liberación de la franja de dominio, iniciar la obra sin un diseño final y no aplicar multas a la contratista. Según el documento acusatorio de 51 páginas, estas acciones vulneraron y desprotegieron el patrimonio del Estado paraguayo.
Fuente: ABC Color