Desde su asunción el 15 de agosto de 2023, el presidente Santiago Peña, en conjunto con el canciller Rubén Ramírez Lezcano, efectuó una serie de designaciones políticas en los consulados paraguayos que generaron controversia. Estas designaciones, que incluyen a personas ajenas al escalafón diplomático, consular, técnico y administrativo, superaron el límite legal establecido para tales nombramientos.
La Ley diplomática 6935/2022, en su artículo 56, inciso c), establece claramente que los nombramientos políticos “no podrán exceder el 20% del total de cónsules designados en el exterior”. Sin embargo, las cifras actuales indican que de los 98 cónsules designados, 29 son de carácter político, lo que representa un 29% del total. Este porcentaje supera en 9 puntos el límite legal, equivalente a 10 designaciones que no se ajustan a la normativa vigente.
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Entre los nombramientos más notorios se encuentran allegados del vicepresidente de la República, Pedro Alliana, y del senador cartista Basilio “Bachi” Núñez. Por ejemplo, en el consulado de Formosa, Argentina, fue designado Carlos Eduardo Ruiz Barboza, exconcejal departamental de Presidente Hayes y primo de la pareja sentimental de Óscar “Ñoño” Núñez, exgobernador de Presidente Hayes condenado por desvío de fondos.
La lista de nombramientos incluye también a Angélica Mareco, pareja de Ricardo Núñez, hermano del senador Basilio Núñez. Asimismo, Estanislao Adorno, hermano del diputado cartista José Domingo “Mino” Adorno, fue ubicado en el consulado de Puerto Murtinho, a pesar de cuestionamientos sobre su capacidad para el cargo.
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Estos nombramientos fueron catalogados por críticos como casos de nepotismo, acuñándose el término “nepobabies” para referirse a familiares de políticos que ocupan cargos diplomáticos. La práctica suscitó preocupaciones sobre la meritocracia y la profesionalización del servicio exterior paraguayo.
Fuente: ABC.
