La Asociación de Operadores de Juegos de Azar (Apoja) ha expresado su preocupación ante la falta de tratamiento en la Cámara de Diputados del proyecto de ley que busca poner fin al monopolio en el sector de quinielas y apuestas deportivas en Paraguay. Esta iniciativa, que cuenta con el dictamen favorable de la Comisión Nacional de Competencia (Conacom), permanece sin avances significativos desde hace meses, a pesar de la proximidad de una nueva licitación para el servicio de quiniela.
El proyecto de ley, presentado por el diputado Adrián “Billy” Vaesken del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), propone modificar seis artículos de la Ley N° 1016/1997 del Régimen de Juegos de Azar. Según Vaesken, la normativa actual está desfasada y requiere una actualización urgente para adaptarse a las realidades del mercado y las necesidades de regulación modernas.
Lorena Rojas, presidenta de Apoja, manifestó su inquietud sobre la aparente falta de interés de los parlamentarios en abordar este tema crucial. Rojas enfatizó la importancia del timing, señalando que en los próximos meses vence el contrato actual de la quiniela. Si no se logra modificar la ley vigente, la nueva licitación se realizará bajo las mismas condiciones que han sido objeto de controversia en el pasado.
La situación se complica aún más con la existencia de un dictamen favorable de la Conacom sobre el proyecto mencionado. Este respaldo técnico contrasta con la inacción legislativa, lo que ha llevado a Rojas a sugerir la posible influencia de intereses políticos y económicos en el retraso del tratamiento del proyecto. La presidenta de Apoja describió la situación como una “lucha política” entre quienes buscan un enfoque técnico, aparentemente respaldado por el presidente Santiago Peña, y aquellos que prefieren mantener el statu quo por razones políticas.
Paralelamente, Carlos Liseras, presidente de la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar), ha anunciado planes para presentar un proyecto de ley que busca reformar la regulación de los juegos de azar. Esta iniciativa tiene como objetivo dotar a la Conajzar de mayor autonomía y recursos para abordar la complejidad de la industria del entretenimiento de manera más efectiva.
Rojas también destacó la problemática de la competencia desleal en el sector. Señaló que existe una disparidad significativa entre las salas de juego que cumplen con todas las obligaciones estipuladas por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) y aquellas que operan al margen de estas regulaciones. Esta situación crea un desequilibrio económico, donde las empresas que cumplen con la ley enfrentan mayores costos operativos.
La presidenta de Apoja hizo un llamado a implementar una trazabilidad rigurosa de los recursos en las salas de juegos de azar. Esta medida buscaría nivelar el campo de juego entre los operadores y fortalecer la integridad del sector.
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Mientras tanto, el presidente de Conajzar, Carlos Liseras, informó que aún no se ha presentado la propuesta de proyecto de ley por parte del Ejecutivo al Parlamento.
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Actualmente, la concesionaria de la quiniela es la empresa TDP SA, representada legalmente por Álvaro Wasmosy Carrasco, un dato que añade una capa adicional de interés público al debate sobre la regulación del sector.
Fuente: ABC Color
