La fiscala Marlene González durante el allanamiento realizado hace dos semanas, en la Municipalidad de Asunción. Pedro González
La investigación sobre el uso de bonos municipales en Asunción toma un giro inesperado con el anuncio de la fiscal Marlene González. La representante de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA) ha declarado que la investigación se centrará exclusivamente en los bonos G8 y G9, correspondientes a los años 2022 y 2023, dejando en el limbo el destino de los bonos G6 y G7 emitidos durante la pandemia.
El intendente Óscar “Nenecho” Rodríguez, del Partido Colorado-Cartista, enfrenta acusaciones de lesión de confianza tras el desvío de G. 500.000 millones en bonos originalmente destinados a obras públicas. La Contraloría General de la República confirmó estas irregularidades, lo que llevó a la apertura de una investigación fiscal.
González informó que el intendente tiene hasta hoy para entregar toda la documentación relacionada con los gastos de los bonos. Sin embargo, la decisión de enfocarse únicamente en las emisiones más recientes ha generado preocupación sobre la exhaustividad de la investigación.
La fiscal explicó que ya se ha involucrado al Laboratorio Forense en el proceso, contando con analistas financieros calificados para examinar la documentación. Además, mencionó que la Municipalidad de Asunción ha comenzado a entregar biblioratos con información del Banco Nacional de Fomento, con la promesa de completar la entrega de aproximadamente 50 biblioratos en total.
A pesar de la aparente cooperación de la municipalidad, González enfatizó que la Fiscalía no se limitará a la información proporcionada por la comuna. “Vamos a pedir también a los bancos. Estamos recepcionando lo que ellos tengan, pero eso no nos marca el norte”, afirmó, sugiriendo una investigación más amplia y profunda.
La decisión de excluir los bonos G6 y G7 de la investigación actual genera interrogantes sobre posibles irregularidades durante el período de la pandemia. Precisamente, estos bonos coinciden con la construcción de la casa de Wilfrido Cáceres, entonces jefe de Gabinete de Rodríguez, un hecho que ha levantado sospechas sobre el uso de fondos públicos.
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El enfoque limitado de la investigación actual contrasta con la existencia de otra causa abierta relacionada con bonos emitidos durante la administración del exintendente Mario Ferreiro, a cargo de la fiscal Natalia Silva. Esta disparidad en el tratamiento de diferentes períodos administrativos plantea dudas sobre la equidad y exhaustividad del proceso investigativo.
La comunidad asuncena y los observadores políticos quedan a la expectativa de cómo se desarrollará esta investigación parcial y si eventualmente se ampliará para incluir los bonos G6 y G7. La transparencia en el manejo de fondos públicos y la rendición de cuentas completa siguen siendo demandas cruciales para restaurar la confianza en la gestión municipal de Asunción.
Fuente: ABC Color
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