Una manifestación significativa fue llevada a cabo por integrantes de la Asociación Paraguay Recicla en la ciudad de Capiatá. El evento, que congregó a aproximadamente 150 vehículos entre camiones y motocarros, fue organizado con el propósito de exigir una revisión de las normativas que afectan al sector del reciclaje y la chatarrería.
La movilización tuvo su punto de partida en el barrio Kennedy a las 07:00 del jueves. Los manifestantes realizaron una parada estratégica en la comisaría local antes de dirigirse a su destino final: la explanada de la Municipalidad de Capiatá. Este recorrido fue diseñado para maximizar la visibilidad de sus demandas.
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El foco principal de la protesta se centró en las disposiciones de la Ley 294 de Evaluación de Impacto Ambiental. Según los manifestantes, esta legislación está orientada a regular grandes empresas, resultando inadecuada y onerosa para los pequeños negocios de reciclaje y chatarrería. Bonifacio Domínguez, quien preside la Asociación Paraguay Recicla, expresó la imposibilidad de cumplir con los requisitos establecidos por dicha ley.
Entre las exigencias más costosas de la ley se encuentra la construcción de un tinglado, cuyo valor mínimo se estima en G. 100 millones. Adicionalmente, se requiere un estudio de impacto ambiental con un costo aproximado de G. 16 millones. Estos montos resultan prohibitivos para los pequeños emprendedores del sector, poniendo en riesgo la continuidad de sus operaciones.
La problemática se agudiza ante la posibilidad de cierres de locales por parte de la Municipalidad, al no contar con la licencia ambiental y la patente comercial requeridas. Esta situación generó una gran incertidumbre entre los recicladores, quienes se ven atrapados entre las exigencias legales y sus limitaciones económicas.
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Los manifestantes plantearon una serie de demandas concretas. Entre ellas, se solicita la categorización del rubro, la modificación de la ordenanza municipal del 2018 y el reconocimiento de su labor frente a acusaciones infundadas. Asimismo, se busca establecer un diálogo con entidades como el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible y la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios para encontrar soluciones viables que permitan regularizar su situación.
Fuente: Última Hora.
