El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) inició una investigación preliminar sobre la actuación de dos juezas que, en mayo pasado, concedieron beneficios a Erwin Jorge Solalinde Krause, alias “Koki”, un traficante de drogas condenado a 24 años de prisión. Esta decisión fue tomada de manera unánime durante la sesión ordinaria del JEM.
Las magistradas bajo investigación son Laura María Benítez, jueza de Ejecución del 2° turno de la Circunscripción Judicial de Itapúa, y María Nunila González Franco, jueza de 1° Instancia en lo Penal de la Adolescencia de J. Augusto Saldívar e interina del Juzgado Penal de Garantías de la Circunscripción Judicial de Central. Ambas fueron suspendidas sin goce de sueldo por decisión unánime del pleno de la Corte Suprema de Justicia el 19 de junio, una medida que fue ratificada el 3 de julio tras el rechazo de sus recursos de reconsideración.
El ministro de la Corte Suprema de Justicia, César Garay Zuccolillo, lideró la iniciativa de enjuiciamiento, argumentando que la jueza Benítez otorgó prisión domiciliaria a Solalinde en clara contravención del artículo 239 del Código de Ejecución Penal. Este artículo establece condiciones específicas para la concesión de prisión domiciliaria, ninguna de las cuales se cumplía en el caso de Solalinde.
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Por su parte, la jueza González Franco benefició al mismo individuo con arresto domiciliario en otra causa penal por homicidio doloso, sin considerar sus antecedentes de reiteración y reincidencia. Garay Zuccolillo enfatizó que estas acciones configuran requisitos de gravedad, notoriedad y afectación al interés público suficientes para justificar el enjuiciamiento.
El caso generó una considerable atención pública, dado que Solalinde fue detenido en abril de 2016 en Villeta, siendo responsable de una carga de 18.900 kilos de marihuana destinada a Uruguay. La severidad de su condena y la naturaleza de sus delitos pusieron en tela de juicio la decisión de las juezas de otorgarle beneficios.
En la misma sesión, el JEM también decidió iniciar investigaciones preliminares contra otros magistrados por casos no relacionados. Entre ellos se encuentran las juezas de la Niñez y la Adolescencia de Ciudad del Este, Guillermina Ramírez de Giubi y Gladys Alicia Villamayor de Godoy, por controversias en un caso de custodia infantil y presunta censura a la prensa.
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Adicionalmente, se inició una investigación sobre el juez penal de Sentencia de Coronel Oviedo, Víctor Venancio Vera, y la jueza en lo Civil, Comercial y Laboral del 4° turno de Caaguazú, María Ignacia Franco, por irregularidades detectadas en la tramitación de un expediente civil.
Fuente: ABC.
