El Senado ha dado un paso significativo en la lucha contra el abuso sexual infantil al aprobar un proyecto de ley que endurece las penas carcelarias para los perpetradores de estos delitos. La nueva legislación, que ahora pasa a consideración de la Cámara de Diputados, establece penas de hasta 28 años de prisión para los casos más graves de abuso sexual contra menores.
El debate en el pleno del Senado se centró en dos versiones del proyecto: una propuesta por la Comisión de Legislación y otra por la Comisión de Familia, Niñez, Adolescencia y Juventud. Tras una intensa discusión, los senadores optaron por la versión más severa, presentada por la Comisión de Familia, con 26 votos a favor.
La nueva legislación introduce una escala de penas que varía según la gravedad del delito. Se establecen penas de cinco a 18 años de cárcel para actos sexuales con menores o inducción a realizarlos, de 10 a 18 años para abusos sistemáticos o cuando la víctima es parte del entorno cercano del agresor, y de 10 a 25 años cuando se ha producido coito con la víctima. Además, se estipula que si la víctima es menor de 10 años, la pena mínima será de 20 años.
Una innovación importante en la ley es la inclusión del abuso sexual a través de medios tecnológicos como un delito tipificado. Esta adición refleja la creciente preocupación por la seguridad de los menores en el entorno digital y busca proporcionar herramientas legales para combatir nuevas formas de abuso.
Durante el debate, varios senadores, incluyendo a Líder Amarilla y Éver Villalba del Partido Liberal, enfatizaron la necesidad de mejorar el sistema educativo para prevenir los abusos sexuales en menores. Argumentaron que una educación sexual integral basada en la ciencia es fundamental para abordar las raíces culturales del problema.
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La senadora Yolanda Paredes de Cruzada Nacional respaldó la versión más severa de la ley, argumentando que las penas más duras son necesarias dado que muchos agresores son miembros del entorno familiar cercano de las víctimas. Esta posición fue compartida por varios de sus colegas, quienes subrayaron la gravedad de los delitos cometidos dentro del núcleo familiar.
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Sin embargo, el debate también reveló preocupaciones sobre el “populismo penal”. Algunos senadores, como Celeste Amarilla, Rafael Filizzola y Esperanza Martínez, advirtieron sobre los riesgos de enfocarse únicamente en el aumento de penas sin abordar las causas subyacentes del problema. Estos legisladores abogaron por un enfoque más integral que incluya programas de educación sexual y prevención.
Fuente: Última Hora
