La audiencia pública sobre el proyecto de ley que busca controlar a las organizaciones sin fines de lucro (ONGs) se llevó a cabo en Cámara de Diputados. El evento, organizado por los diputados disidentes Mauricio Espínola y Roberto González de la bancada Fuerza Republicana (FR), se caracterizó por la notable ausencia de representantes del oficialismo, específicamente del movimiento Honor Colorado (HC).
La audiencia, realizada en la sala de sesiones de la Cámara Baja, contó con la participación de diversos activistas de ONG y abogados especialistas. Estos actores aprovecharon la oportunidad para reiterar sus críticas y preocupaciones respecto a la iniciativa legislativa que ya cuenta con media sanción del Senado.
Dante Leguizamón, secretario ejecutivo de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy), fue enfático al cuestionar los motivos detrás del proyecto. Afirmó que, si bien las organizaciones están a favor de la transparencia y el control, este proyecto no responde a una recomendación del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), como se ha argumentado. Por el contrario, Leguizamón sostiene que el objetivo real es perseguir y estigmatizar a las ONG, desalentando el derecho a la asociación y participación.
La abogada experta en Derechos Humanos, Alejandra Peralta, respaldó esta posición. Argumentó que el proyecto ignora el artículo 2° de la Constitución y la voz del pueblo, generando una “sobrelegislación” que contradice el argumento inicial de cubrir un vacío legal. Peralta sugiere que la iniciativa responde más a los intereses de un pequeño grupo que a las necesidades del pueblo paraguayo.
La presencia del procurador general de la República, Marco Aurelio González, añadió un matiz interesante al debate. Su posición ambigua, reconociendo por un lado que ya existen mecanismos de control y registro para las ONG, pero mostrándose de acuerdo con la iniciativa por otro, refleja la complejidad del tema y las diferentes perspectivas dentro del mismo gobierno.
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El proyecto de ley, promovido inicialmente por la bancada cartista en el Senado, ha generado preocupación en la sociedad civil paraguaya. Las organizaciones temen que, bajo el pretexto de aumentar la transparencia, se implementen medidas que puedan restringir su autonomía y capacidad de acción, especialmente en áreas sensibles como la defensa de los derechos humanos y la fiscalización de las acciones gubernamentales.
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La ausencia de representantes del oficialismo en esta audiencia pública es significativa. Plantea interrogantes sobre la disposición del gobierno para dialogar y considerar las preocupaciones de la sociedad civil en torno a esta iniciativa legislativa. Esta falta de participación podría interpretarse como un desinterés por parte del oficialismo en abordar las críticas y buscar un consenso más amplio.
Fuente: Última Hora
