La Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) se encuentra a la espera de una solicitud formal por parte de las autoridades investigadoras para examinar posibles irregularidades en los ingresos de empresas asociadas al expresidente Mario Abdo Benítez. Esta situación se suscitó a raíz de un informe elaborado por la Contraloría General de la República (CGR), el cual pone de manifiesto aparentes “incongruencias” en la declaración jurada del exmandatario, específicamente en lo que respecta al movimiento económico de las empresas Aldia SA y Createc SA, dedicadas a la importación y distribución de asfalto.
Ever Otazú, quien funge como gerente de Impuestos Internos de la DNIT, manifestó que la institución está preparada para actuar una vez que se reciba la comunicación oficial de los organismos de control. “En el momento en que se nos haga llegar algún tipo de denuncia o comunicación, procederemos a realizar los análisis pertinentes para determinar si existe alguna contingencia tributaria”, explicó Otazú en declaraciones a radio Monumental 1080 AM.
Gerencia de la DNIT espera informes sobre inconsistencias en ingresos de Abdo
Ever Otazu, gerente de Impuestos Internos, habló sobre las acusaciones de inconsistencias en la declaración jurada del expresidente Mario Abdo Benítez.
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— Monumental AM 1080 (@AM_1080) July 30, 2024
El informe de la Contraloría puso de relieve un incremento sustancial en la cuenta de inversiones a largo plazo correspondiente al ejercicio del 2023, año en que Mario Abdo concluyó su mandato presidencial. Se observa un aumento de G. 39.117.950.000, lo que representa un crecimiento porcentual del 2.799% en comparación con el año precedente.
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Además, el documento de la CGR señala que las empresas mencionadas tomaron la decisión de destinar importantes sumas de dinero a un “fondo especial de inversiones”. Concretamente, se asignaron G. 11.812.578.029, equivalentes al 52% de las utilidades generadas en el ejercicio fiscal 2019, y G. 5.127.056.586, correspondientes al 25% de las utilidades del ejercicio fiscal 2023. Estos montos no fueron distribuidos entre los accionistas, lo que podría interpretarse como una inconsistencia desde el punto de vista tributario.
No obstante, Otazú aclaró que la práctica de enviar utilidades a un fondo de inversión es una herramienta contable que se encuentra dentro del marco legal. “Es un procedimiento común y normal”, afirmó el funcionario. “La legislación no obliga a las empresas a distribuir necesariamente sus utilidades. Tienen la opción de capitalizar, mantener reservas, o combinar estas acciones en diferentes proporciones”, agregó.
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Desde la perspectiva tributaria, la implicación principal de esta estrategia financiera podría ser la falta de pago del Impuesto a los Dividendos y las Utilidades (IDU). Este gravamen se aplica cuando los beneficios, dividendos o rendimientos son puestos a disposición o pagados a los propietarios, socios o accionistas de las empresas que los generan. La no distribución de estas ganancias podría, en teoría, evitar la obligación de pagar dicho impuesto.
Fuente: Última Hora.
