Roya Torres, a la izquierda, junto a su hijo; y Cleto Giménez, a la derecha, con sus hijas. ARCHIVO/GENTILEZA
La lucha contra el nepotismo en el seno del Poder Legislativo paraguayo ha dado un paso significativo. La Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados ha recomendado el desafuero de dos legisladores implicados en casos de contratación irregular de familiares. Esta decisión marca un precedente importante en la búsqueda de transparencia y rendición de cuentas en las instituciones públicas del país.
Los diputados Roya Torres y Cleto Giménez, ambos del bloque liberocartista, se encuentran en el centro de esta controversia. La comisión ha dictaminado a favor de su desafuero, abriendo el camino para que puedan ser investigados por la justicia sin la protección que les confiere su investidura parlamentaria. Este dictamen se basa en las imputaciones formuladas por el Ministerio Público por presunto cobro indebido de honorarios.
El caso de Torres involucra a su hijo, Elías Godoy Torres, quien a los 18 años y siendo solo bachiller, fue contratado como asesor de su madre con un salario mensual de 9.500.000 guaraníes. Por su parte, Giménez es acusado de haber colocado a sus dos hijas, Johana Denisse y Danna Maricela, en su despacho parlamentario, con salarios de 3.300.000 y 7.700.000 guaraníes respectivamente. Lo más preocupante es que, según las investigaciones, ninguno de estos familiares se habría presentado efectivamente a cumplir con sus funciones.
Roberto González, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, ha sido claro al explicar la decisión. “En ambos casos se votó por un dictamen favorable porque así corresponde”, afirmó, subrayando que los fueros parlamentarios están destinados a proteger a los legisladores de persecuciones por opiniones emitidas en el ejercicio de sus funciones o por “cuestiones políticas”, no para blindarlos ante posibles delitos comunes.
Es importante destacar que este dictamen no implica automáticamente el desafuero de los diputados implicados. La decisión final recae ahora en el pleno de la Cámara de Diputados, que deberá votar si hace lugar o no al pedido de los magistrados. Este proceso es crucial para determinar si la justicia podrá proceder con las investigaciones sin obstáculos.
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Curiosamente, mientras se avanza con estos casos, los fiscales Diego Arzamendia, Jorge Arce y Francisco Cabrera, de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, han solicitado desestimar la denuncia contra la hija del vicepresidente de la República, Pedro Alliana, quien percibe un salario de 18 millones de guaraníes en la Cámara de Diputados. Esta decisión podría generar cuestionamientos sobre la equidad en la aplicación de la ley.
Fuente: Última Hora
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