El fiscal Silvio Corbeta, reconocido por su labor en casos de alto perfil, se encuentra actualmente en la mira del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM). Con ocho acusaciones en su contra, surge la inquietante pregunta: ¿Estamos presenciando un intento de silenciar a un fiscal incómodo para el poder?
Corbeta, quien ha liderado investigaciones contra figuras prominentes del escenario político y económico paraguayo, enfrenta una serie de acusaciones que, curiosamente, provienen en su mayoría de aquellos a quienes ha investigado. Entre los denunciantes, encontrarás nombres como el senador colorado Erico Galeano, el exministro de la SEN Joaquín Roa, el diputado Esteban Samaniego, y los intendentes Miguel Prieto de Ciudad del Este y Oscar “Nenecho” Rodríguez de Asunción.
La causa más reciente contra Corbeta surge del caso de desvío de fondos en la Gobernación de Central. Cuatro acusaciones relacionadas con este caso se han unificado en una sola, según la resolución del JEM.
Es crucial que comprendamos la gravedad de la situación. El JEM, presidido por Alicia Pucheta e integrado por figuras como los ministros de la Corte César Garay y Manuel Ramírez Candia, tiene en sus manos el poder de decidir sobre la continuidad de Corbeta en su cargo. La decisión que tomen no solo afectará la carrera de un fiscal, sino que podría tener profundas implicaciones para la lucha contra la corrupción.
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Las acusaciones contra Corbeta abarcan desde supuesto mal desempeño de funciones hasta presuntas extralimitaciones en allanamientos. Sin embargo, debemos preguntarnos: ¿No es sospechoso que estas acusaciones provengan principalmente de aquellos que han sido objeto de sus investigaciones? La coincidencia temporal y la naturaleza de las denuncias sugieren un posible intento coordinado de obstaculizar las investigaciones en curso.
El caso más emblemático es el del exjefe de Gabinete de la Municipalidad de Asunción, Wilfrido Cáceres, quien acusa a Corbeta de extralimitación y arbitrariedad durante un allanamiento. Cáceres, procesado por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, argumenta que el desalojo dispuesto por Corbeta fue excesivo. Sin embargo, ¿no es este el tipo de acción decidida que esperamos de un fiscal comprometido con desentrañar casos complejos de corrupción?
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El JEM se encuentra ahora en una encrucijada. Su decisión no solo afectará el futuro de Corbeta, sino que enviará un mensaje claro sobre la independencia y la integridad del sistema judicial.
Si el Jurado cede ante las presiones y remueve a un fiscal de probada honestidad y valentía, estaríamos presenciando un golpe devastador a la lucha contra la corrupción en el país.
Fuente: El Observador
