Un informe elaborado por la Contraloría General de la República puso de manifiesto una serie de irregularidades financieras relacionadas con dos empresas vinculadas al expresidente Mario Abdo Benítez. El documento, que será remitido a la Fiscalía General del Estado, revela que aproximadamente el 90% de las utilidades generadas por estas compañías durante el período 2018-2023 fueron destinadas a reservas, lo que implica que no fueron distribuidas ni reflejadas en las declaraciones juradas de bienes del exmandatario.
Las empresas en cuestión, Almacenamiento y Distribución de Asfalto SA (ALDIA SA) y Creando Tecnología SA (Createc SA), ambas del sector de la construcción, fueron objeto de un minucioso análisis por parte de las autoridade. Se determinó que, en conjunto, estas entidades generaron utilidades por un monto aproximado de G. 329.000 millones (equivalentes a unos USD 44 millones) durante el quinquenio mencionado.
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Detectan posibles irregularidades en examen de correspondencia al expresidente Mario Abdo Benítez.
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— Telefuturo (@Telefuturo) July 29, 2024
Un aspecto que llamó poderosamente la atención de los investigadores es la evolución de los fondos de reserva de ambas empresas. En el caso de ALDIA SA, se observó un incremento exponencial, pasando de G. 4.705 millones en 2018 a G. 234.681 millones en 2023. Por su parte, Createc SA experimentó un crecimiento similar, aumentando sus reservas de G. 906 millones en 2018 a G. 52.412 millones en 2023.
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La Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) detectó discrepancias significativas en la cuenta de Deudores por venta. Se identificaron deudores por un valor de G. 155.500 millones en proveedores locales, entre los que figuran empresas como Benito Roggio e Hijos SA y PROEL INGENIERÍA SA.
Un aspecto que generó particular preocupación es el hecho de que las empresas vinculadas a funcionarios públicos están legalmente impedidas de licitar con el Estado paraguayo. Sin embargo, se constató que tanto ALDIA SA como Createc SA operaban en estrecha colaboración con otras entidades que sí participaban en licitaciones estatales. Este modus operandi les habría permitido mover alrededor de USD 100 millones y obtener ganancias superiores a los USD 40 millones durante el período de la pandemia.
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El contralor Camilo Benítez será el encargado de presentar estos hallazgos al fiscal general del Estado, Emiliano Rolón. Se espera que esta información dé lugar a una investigación más exhaustiva por parte de las autoridades competentes, con el fin de esclarecer las posibles irregularidades detectadas y determinar si se han producido infracciones a la normativa vigente.
Fuente: ABC.
