Las recientes amenazas del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset contra fiscales y jueces paraguayos involucrados en su caso han puesto en evidencia las debilidades del sistema de seguridad nacional para proteger a estas autoridades de posibles atentados. La abogada penalista y exministra de Justicia, Cecilia Pérez, advierte que, fuera del Regimiento Escolta Presidencial, el país no cuenta con la preparación adecuada para brindar una custodia efectiva a los funcionarios judiciales.
El gobierno, a través del ministro del Interior, Enrique Riera, anunció que redoblará la seguridad de los fiscales y jueces vinculados a la investigación contra Marset. Se establecerán mecanismos básicos como cambios de rutas, vigilancia las 24 horas frente a sus casas y comunicación constante sobre sus movimientos. Sin embargo, estas medidas parecen insuficientes ante la gravedad de la situación y los antecedentes de violencia contra funcionarios judiciales, como el asesinato del fiscal Marcelo Pecci hace dos años en Colombia.
La experta en derecho penal Cecilia Pérez Rivas señala que el sistema de seguridad nacional no tiene una preparación especial ni específica para custodiar a las autoridades de posibles atentados contra sus vidas, familias y bienes. Esto genera diversas resistencias, como el sacrificio de la intimidad personal y la desconfianza hacia la Policía debido a la corrupción existente. La abogada cuestiona si los custodios realmente protegen o vigilan a los funcionarios judiciales.
Pérez Rivas, quien representa a la viuda del fiscal asesinado Marcelo Pecci, destaca la falta de mecanismos que garanticen que el personal de custodia no entregue información sensible sobre la vida y movimientos de los jueces y fiscales, así como de sus familias. La corrupción que permea las filas policiales es un factor que agrava esta situación y genera desconfianza en la efectividad de la protección brindada.
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El Ministerio Público emitió un comunicado en el que toma con la mayor seriedad las amenazas de Marset y reclama a la Policía Nacional redoblar el compromiso de brindar protección a los operadores de justicia. Sin embargo, la carencia institucional de una fuerza de seguridad propia limita la capacidad de la Fiscalía para garantizar la integridad de sus funcionarios.
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Para hacer frente a esta situación, es necesario que el Ministerio del Interior genere las condiciones políticas, técnicas y presupuestarias adecuadas para que la Policía cuente con un servicio profesionalizado en la protección de autoridades judiciales. Hasta que no se tomen medidas concretas en este sentido, los comunicados y promesas quedarán en simples anécdotas, mientras los fiscales y jueces seguirán expuestos a los peligros del crimen organizado.
Fuente: El Nacional
