La resolución que elevó a juicio oral la causa contra Oliver Lezcano, policía acusado por el homicidio doloso del militar Líder Javier Ríos, ha generado cuestionamientos tanto por parte de la defensa del acusado como de la Fiscalía. Ambas partes han presentado apelaciones respecto a varios puntos de la decisión tomada por la juez Cynthia Lovera el pasado 9 de julio.
La defensa de Lezcano cuestiona la inclusión de varias pruebas, especialmente las imágenes extraídas de las cámaras de circuito cerrado. Argumentan que no existe un acta de levantamiento de evidencia con la firma de los dos testigos requeridos por la ley, y que tampoco se menciona la obtención de las supuestas grabaciones por parte de personal especializado. Según la defensa, la obtención de estas pruebas no puede ser realizada por cualquier persona, sino que debe ser llevada a cabo por un experto en la materia.
Por otro lado, la fiscal Rosa Noguera reclama por los puntos que hacen referencia a las pruebas que fueron excluidas por la magistrada. La Fiscalía considera que estas pruebas son relevantes para el caso y deberían ser admitidas en el juicio oral.
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En esta misma causa, Ada Arasy Ruíz Díaz, pareja sentimental de Lezcano, también deberá enfrentar juicio oral. Según la acusación del Ministerio Público, el 12 de enero de 2023, el militar Líder Ríos, quien también trabajaba como conductor de plataformas, se encontraba trasladando a Oliver Lezcano sobre la Avda. Santísimo Sacramento. Lo llevó hasta la Plaza España, seguido por una Ford Explorer oscura conducida por Ada Ruíz Díaz. Ríos quedó en el lugar y la Ford Explorer siguió su camino, momento en el que testigos escucharon un disparo y luego vieron a una persona bajar del vehículo. Después de lo ocurrido, se trasladaron en el auto de la víctima, nuevamente escoltado por la Ford.
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La apelación presentada por ambas partes demuestra la complejidad del caso y la necesidad de un análisis minucioso de las pruebas y los procedimientos llevados a cabo durante la investigación. Será tarea de las instancias superiores determinar si las pruebas cuestionadas deben ser admitidas o excluidas, y si la causa cumple con los requisitos para ser juzgada en un juicio oral y público.
Fuente: PDS Digital
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