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Empresario seguirá preso por venta ilegal de videos íntimos

: La jueza Alicia Pedrozo ratificó la prisión preventiva para Luis Augusto Montanaro, empresario acusado de vender videos pornográficos sin consentimiento de las víctimas. La defensa solicitó arresto domiciliario sin éxito.

Luis Montanaro Bedoya. Foto: X Lucas Zaracho.

La solicitud de revisión de medidas cautelares presentada por la defensa de Luis Augusto Montanaro, empresario implicado en un escándalo de venta ilegal de material pornográfico, fue rechazada por la jueza de garantías Alicia Pedrozo. Esta decisión mantiene al acusado en prisión preventiva mientras se desarrolla la investigación sobre sus presuntas actividades delictivas.

El caso se refiere a la producción y comercialización de contenido sexual explícito sin el consentimiento de las personas involucradas. Según las primeras informaciones recabadas por los investigadores, Montanaro habría capturado imágenes y videos de carácter sexual sin el conocimiento ni la autorización de las víctimas, para posteriormente venderlos en diversas plataformas digitales.

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La detención de Montanaro se llevó a cabo la semana pasada en su residencia ubicada en la calle Molas López, en Asunción, como parte de una operación policial denominada “Duck Sex Games”. Tras su arresto, la fiscala Ruth Benítez formuló cargos contra el empresario por presunta lesión del derecho a la comunicación y la imagen, delitos que revisten particular gravedad en el contexto de la difusión no consentida de material íntimo.

Las autoridades sospechan que Montanaro Bedoya, quien es descendiente del exministro de la dictadura stronista Sabino Augusto Montanaro, operaba una red sofisticada dedicada no solo a la distribución de imágenes pornográficas, sino también a la facilitación de intercambios de parejas y otros servicios de índole sexual. Se cree que el acusado aprovechaba su imagen de empresario exitoso como estrategia para atraer a potenciales víctimas.

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Por disposición judicial, Montanaro permanecerá recluido en la Dirección de Cibercrimen de la Policía Nacional durante aproximadamente 20 días. Posteriormente, está previsto su traslado a una institución penitenciaria bajo la jurisdicción del Ministerio de Justicia, donde continuará su detención mientras avanza el proceso legal en su contra.

Fuente: Última Hora.